El discurso de la denominada revolución ciudadana mantiene una constante: satanizar y deslegitimar al otro, al que piense diferente, pues a decir del gobierno quien no piense igual es “la oposición”; quitarle autoridad, capacidad y condición de ser interlocutor es la estrategia para, según él, anularlo. Temas como la libertad de expresión y de pensamiento, el control de la justicia, el derecho a la resistencia, a la protesta social, los despidos masivos, la corrupción gubernamental, están presentes en el debate nacional.
Citaremos algunas prácticas que hacen referencia probatoria de lo afirmado: los casos de Dayuma, los 7 mineros de Nabón, Santa Isabel, Quimsacocha, Marcelo Rivera, Marco Guatemal, como ejemplos más sobresalientes de los cerca de 300 dirigentes sociales acusados de sabotaje y terrorismo en lo que va del gobierno de Rafael Correa; además están los casos de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita y para no olvidar los policías que participaron en el 30-S.
El pasado tres de marzo, en el sur de Quito, un operativo que juntó a varias fuerzas especiales de la Policía detuvo a un grupo de diez hombres y mujeres, que se encontraban reunidos en un departamento particular; según el Ministro del Interior, José Serrano, en rueda de prensa del cuatro de marzo manifestó que los detenidos “planificaban hechos delincuenciales para atentar a la democracia y contra la seguridad del Estado”.
Los detenidos afirmaron en sus declaraciones ante la Fiscalía que se convocaron a través de varias redes sociales para discutir un tema de interés público como es el BUEN VIVIR, que está garantizado en la Constitución del 2008, a propósito de la movilización iniciada el 8 de marzo que fue conocida públicamente. En ningún momento tuvieron propósitos desestabilizadores como afirmó el régimen, era una reunión que buscaba recoger las opiniones y puntos de vista de estudiantes universitarios, profesionales de distintas áreas del conocimiento, activistas sociales, es decir, hombres y mujeres interesados por conocer lo que ocurre en su país.
Los 10 detenidos de Luluncoto no son terroristas, son activistas sociales
Entrevista con el Doctor Alex Bonifaz, abogado defensor de tres detenidos.
Bonifaz afirma que la detención se realizó a las 16h00 y que a las 23h00 (luego de siete horas) les leyeron sus derechos, les ultrajaron, les torturaron física y psicológicamente, les quitaron las cédulas de ciudadanía y posteriormente corrieron al Registro Civil, sacaron las fotos y pidieron al juez que ordene una detención y un allanamiento en forma ilegal. Si el allanamiento fue a las 16h00 y el juez emite una orden de allanamiento a las 14h00, ¿parecería que tenga coherencia esa orden? La fiscal dice que a las 10 de la mañana solicitó al juez la orden de allanamiento y detención de los jóvenes, ¿cómo supo los nombres de los jóvenes a las 10 de la mañana, cuando ellos llegaron a las cuatro de la tarde al departamento? Hay un evidente error, esa prueba viciada sirvió de base para que el juez de formulación de cargos ordene la prisión preventiva de los jóvenes. A su defendido Xavier Estupiñan uno de los policías le rompió un diente y no se hace constar, así como tampoco se hace constar dos Constituciones incautadas y el documento “Defiende la democracia de Alianza PAIS”. Los jóvenes se reunieron para tratar el buen vivir, el documento defiende la democracia del gobierno, no hay ninguna acción que sea para la “desestabilización al gobierno por parte de grupos subversivos”.
¿De qué están acusados los jóvenes?
En nuestro país se sanciona conductas de tipo penal, no conocemos de qué están acusados. La fiscal ha enunciado el título Segundo del Código Penal, que tiene varios capítulos y es muy difícil justificar cincuenta y seis tipos penales.
El Ministro del Interior afirmó que “atentaron a la seguridad del Estado”…
No ha probado qué atentado o cuál bien público, no se sabe si son dependencias públicas, domicilios particulares, parques, oficinas diplomáticas, algún bien dentro del territorio ecuatoriano.
¿Este caso es parte de la criminalización que el gobierno viene aplicando en contra de quienes no están de acuerdo con el régimen?
Considero que sí. Los jóvenes no estuvieron protestando, estuvieron reunidos, como permite la Constitución, en un departamento de una persona particular y allí empezaron a debatir temas de interés público como está garantizado en la Constitución, pero para el Gobierno esto constituye un atentado a la seguridad del Estado
¿Qué pruebas tienen en contra de los jóvenes?
El Ministerio del Interior en rueda de prensa del 4 de marzo manifiesta que han encontrado cuadernos, carteras personales, dos cheques, documentos del GCP, etc. No han encontrado bombas, explosivos, que es lo que estaban persiguiendo.
Dentro de la materia penal, no es delito encontrar libros; en nuestro país y a nivel mundial se permite el libre pensamiento, la libertad de actuar y ver todo lo que existe en el mundo cibernético, eso no es delito.
La cadena de custodia ha sido violentada pues siete horas estuvieron detenidos arbitrariamente, siete horas tuvieron las evidencias en poder de la policía, recién a partir de las once de la noche fueron judicializadas las evidencias. La cadena de custodia está rota, no se puede hablar de evidencias en términos jurídicos.
¿Por qué la vinculación con la explosión de las bombas panfletarias?
Simple y llanamente es una presunción, es una creencia, en materia penal no existe la creencia, la fiscalía no puede decir: Creo que ellos pueden ser los que iban a atentar el día de mañana; en material penal la conducta tiene que ser real. La creencia no es una verdad, no existen elementos para inculparlos.
¿Qué derechos fueron violentados?
El principio de la detención, el debido proceso, el derecho a la reunión, a asociarse, a pensar libremente, a opinar en relación a un interés público. Los jóvenes estaban en estado pasivo, en el seguimiento que hizo la fiscalía no encontraron conductas inapropiadas que riñen contra el Código Penal.
¿La injerencia del Ministro del Interior ha significado cambios en los fiscales y jueces que están en el caso?
Hay injerencia desde el 3 de marzo, con la presencia del Subsecretario del Interior, algo inusual. En plena audiencia el juez recibe una llamada, tenía la consigna de incriminar a los jóvenes (entre ellos se violentan derechos de la mujer embarazada). En la audiencia de apelación el juez recibe un sobre, recibe una llamada telefónica y se ausenta de la audiencia por más de media hora, y luego termina la audiencia señalando piezas procesales recogidas de manera ilegal que anulan la prisión preventiva.
Estamos frente a un caso político, el Derecho Penal o pensamiento jurídico no sirven.
¿Cómo organizar la defensa en estas condiciones?
Agotaremos los pasos procesales, no descarto acudir a la Comisión de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este país ya no tenemos justicia, ya no hay derecho para los ciudadanos, eso es muy grave. Hay que dejar que la justicia dirima si la conducta de un ciudadano es o no una infracción penal. En la situación actual que estamos el Ecuador no tiene justicia.
¿Cómo mira usted como jurista la actuación del régimen?
Con la experiencia que he tenido por ser juez de la Corte Nacional estoy muy preocupado por la forma como los colegas ven al derecho penal, ven a la justicia como teledirigida. Deben hacer conciencia mis colegas que están como jueces, de que la justicia es un bien jurídico para toda la sociedad que permite equilibrar los comportamientos de los seres humanos. Estar gobernados o teledirigidos con una orden es peligroso, va a llegar un momento en que la sociedad va a explotar ante la injusticia. Pido a mis colegas que están en las distintas magistraturas que actúen convencidos conforme manda la ley, no como manda una persona x o una autoridad.
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