martes, 28 de agosto de 2012

Revisión de firmas: el CNE se hunde en el fracaso


Por Franklin Falconí

Fracaso tras fracaso enfrenta el Consejo Nacional Electoral (CNE) al intentar llevar adelante el proceso de verificación del 100 por ciento de firmas de los movimientos y partidos políticos que buscan su inscripción para las próximas elecciones.

Aunque el proceso debió iniciarse el jueves 23, hasta ahora únicamente se ha realizado un accidentado ensayo con uno de los movimientos locales: ARE, que por su poca cantidad de firmas se suponía debía concluir en un par de horas, pero en los hechos se llevó 15 horas.

Se supone que mañana, desde las 07h30, se iniciaba con la revisión del primer partido político grande, el Movimiento Popular Democrático (MPD), aunque ahora se dice que en realidad no hay fecha definida. Los vocales del CNE han entrado en una guerra de declaraciones públicas con los dirigentes de este partido. En una rueda de prensa, el sábado 25, Domingo Paredes, presidente del organismo del sufragio, respondió a las críticas hechas por el MPD, amenazando a esta organización y sus dirigentes con aplicarles sanciones si continúan intentando boicotear el proceso electoral.

Por su parte Luis Villacís, director nacional de este partido, sostuvo que el presidente del CNE no es el dueño de la democracia en el Ecuador, ni de los partidos políticos, y mucho menos del MPD, como para que pretenda mandar a callar a sus militantes. Esas rabietas expresadas hoy (el sábado), como reacción al comunicado de nuestro partido, no hacen sino demostrar que el presidente del organismo del sufragio, así como todos sus vocales, sigue el libreto de la prepotencia y autoritarismo de Rafael Correa. El MPD no va a declinar en su lucha por la defensa de los derechos democráticos de los ecuatorianos, así como de su legitimidad como una de las organizaciones políticas más sólidas del país.

La agónica caída del CNE, paso a paso.

La estrategia político-técnica armada desde el CNE para dar sustento a la orden presidencial de eliminar a determinadas organizaciones que le resultan molestas como adversarios electorales, comenzó a caer desde tempranas horas del viernes 24, cuando las 750 computadoras instaladas en el Centro de Exposiciones Quito no respondían como los operadores de la empresa Controsa esperaban.

Los primeros molestos eran los verificadores, que desde las 13h30 hacían cola para ingresar al local. Se quejaban de la desorganización: no les informaron que debían dejar en casa todos los objetos electrónicos o de cualquier tipo, y ahora se los retenían y colocaban a la interperie, en unos muebles poco seguros. Entre muchos se escuchaban cosas como: gran parte de este trabajo ha sido una pérdida de tiempo. Se conoció que a diferencia de los anteriores verificadores que trabajaron en el Colegio San Gabriel, a éstos solo se les había dado tres horas de capacitación, para una cosa tan seria como determinar la autenticidad de las firmas.

Se supone, según lo informó en rueda de prensa Domingo Paredes, presidente del CNE, que sí se cuenta con personal especializado, pues en una de las fases del proceso están 30 estudiantes del Instituto de Criminalogía, que tienen como encargo verificar las firmas que en el primer filtro fueran consideradas en duda. Y es que la primera fase del sistema que pretendieron poner en marcha, contemplaba la reindexación (ingreso en el sistema) de los números de cédula confrontados con las imágenes escaneadas de los formularios de afiliación o adherencia de las organizaciones políticas; luego vendría la comparación de cada una de esas firmas con una base de datos proveniente de algunas
instituciones, como el Banco Nacional de Fomento, el Registro Civil y los dos últimos padrones, tanto del 2009 como del 2011. Si en esta parte el verificador encontraba inconsistencias en los datos, presionaba un botón: duda, y esa firma pasaba a ser analizada en el segundo y último filtro.

Lo que el presidente del CNE, y el ingeniero Paúl Salazar no pudieron aclarar, es qué garantía podían tener las organizaciones políticas de que no existiera manipulación de los datos, desde el momento mismo de escaneo de los datos de las fichas y formularios de afiliación. Lo único que se podía ver en la pantalla al momento de la indexación era el nombre, el número de cédula y la firma del ciudadano (no se veía la ficha completa), pero sin la certeza de que se hayan cruzado esos datos o se los haya distorsionado deliberadamente. Es más, en muchos casos el escaneo no mostraba la imagen completa del nombre o del número de cédula del ciudadano, con lo cual, el verificador podría entrar en serias dudas, o desechar muchas firmas que podían ser auténticas.

Según Salazar, el CNE les permitiría a las organizaciones políticas cotejar la  información y verificar que el número de firmas auscultadas corresponde al número de afiliaciones presentadas. Algo que no satisfizo a las organizaciones puesto que es obvio que en el número de firmas sí podía haber coincidencia, más no en la forma de ingreso de los datos.

Algo que preocupaba era que los 40 delegados de las organizaciones políticas podían estar presentes únicamente en la segunda fase o filtro, pero no en el primero, que en realidad podía ser el más importante.

El viernes, entonces, la jornada solo confirmó las graves dudas que los actores políticos tienen sobre el CNE. Supuestamente el proceso de verificación se iniciaba desde las 14h00, pero recién a las 17h00 los técnicos de la empresa contratista pudieron conectar los equipos para nada más exponer, a través de una presentación en Power point, el esquema del sistema a los delegados informáticos de los movimientos y partidos políticos. Intentaron por varias ocasiones poner en funcionamiento las máquinas para ingresar los datos, pero no lo lograron, y por último, los digitadores se fueron. Los periodistas comentaban: otro fracaso, los miembros del CNE se siguen hundiendo.

Y el sábado se seguían hundiendo. Según el presidente del CNE, el proceso de verificación (ya no el simulacro que se había ofrecido, porque se demostró que no se pudo ponerlo en marcha) se iniciaría a las 09h00, con la revisión de los dos movimientos políticos que primero habían registrado su inscripción y que no sobrepasaban las 18.000 firmas cada uno, pero no pudieron. Apenas se inició la prueba de la reindexación de los datos, el sistema tuvo problemas, y eso que no estaban funcionando las 750 máquinas, sino apenas alrededor de 300.

Siendo ya cerca de las 13h00 nada se había iniciado. Los verificadores, cansados ya por la espera, rondaban el local, conversaban, se reían, otros pretendían ganarle al sueño

¿Y las autoridades? Nadie daba la cara.

Por su parte, los militantes del Movimiento Popular Democrático (MPD), que desde tempranas horas se hicieron presentes, aprovechaban para, en los alrededores del Centro de Exposiciones Quito, continuar afiliando. Los intentos de fraude del gobierno fracasan, porque los pueblos estamos pendientes, y no les permitiremos pasar ni una sola irregularidad. Los miembros del CNE deben renunciar, por dignidad, si aún les queda algo…”, sostuvo Natasha Rojas, dirigente emepedista.

Por fin, después de casi cinco horas de espera, el presidente del CNE dio declaraciones a los medios, y en ellas admitió que muchas de las observaciones que las organizaciones políticas habían hecho tenían razón, por lo que el proceso se demoraría, pues había que reacomodar el sistema.

Poco después, el director nacional del MPD, Luis Villacís, explicó lo que sucedía realmente: luego de que los delegados de los movimientos y partidos políticos pusieron en evidencia las fallas del sistema, los funcionarios decidieron buscar la solución de esos inconvenientes, pero con la intención de crear dos sistemas distintos: uno para verificar a los movimientos afines al gobierno, y otro para verificar las firmas del MPD. Obviamente la intención, según Villacís, era cumplir la orden de eliminar al MPD y dejar vigentes a movimientos afines al régimen.

Villacís insistió en que los vocales del CNE deben renunciar, y anunció que se interpondrá acción penal en su contra, así como de la empresa CONTROSA, por intentar afectar a las organizaciones políticas y, con ello, a la democracia en el Ecuador. Así mismo, se presentará un recurso de queja ante el Tribunal Contenciosos Electoral, por las ilegalidades cometidas por los miembros del CNE en este proceso. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) será otro escenario, esta vez internacional, para solicitar medidas cautelares, según el dirigente emepedista.

Las dudas fundadas del MPD, y que han sido aceptadas por Domingo Paredes, presidente del CNE, en el campo informático, tienen que ver con que se usa un sistema con código abierto, que permitiría manipular y cambiar los datos en cualquier momento del proceso de revisión. Además que, como está diseñado, se le entrega todo el poder de validar o desechar firmas a la persona que esté manejando el posterior control de calidad, sin que tengan atribuciones legales para ello.

Por último, anunció que el MPD se suma a la convocatoria a movilización que Pachakutik hizo en días pasados, y que lo llevará como propuesta a la Convención de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, el 1 de septiembre en la ciudad de Guayaquil.

Organizaciones políticas presentan informe técnico

Opción pudo conocer el borrador de un informe técnico que los delegados informáticos de las organizaciones políticas preparaban en conjunto. Entre los aspectos más destacados tenemos:

1. EL CNE Y CONTROLES S.A. no permitieron una auditoria informática, se limitaron a realizar una simple demostración de producto, la cual fue mal organizada y resultó un fracaso.

2. Es decir, se negaron a entregar una lista de control de procesos y de seguridad del software, tampoco quisieron entregar por escrito las características de producción del software.

3. El CNE no entregó los requerimientos que debe tener el software, de forma oficial, al proveedor CONTROLES SA, esto se realizó verbalmente. Lo que implica que no se puede determinar si el software presentado es o no lo que se pidió.

4. El código del software puede ser cambiado en cualquier momento y en función de los intereses de las personas que administran el software.

5. Al tener un software con el código abierto (manipulable en cualquier momento) la entrega del HASH o HUELLA DEL SOFTWARE no garantiza que los cambios que se realicen y que supuestamente serán con el acuerdo del técnico informático de la organización política, sean los que se indiquen, debido a que en medio de ese cambio se pueden realizar otros perjudicando o beneficiando a determinadas organizaciones políticas. Se debe cerrar el software y trabajar con el mismo con todas las organizaciones políticas.

6. El CNE NO ha realizado las pruebas necesarias que evidencien todos los problemas y poder contar con un sistema calificado y de calidad.

7. En la demostración, la cual fue operada por el personal de Controles: Vinicio Bolaños y Cristian Solis, se encontraron errores en el almacenamiento de información, proceso de datos e imágenes y en la propia aplicación como tal.

8. El proceso de control de calidad, el cual debe ser para tener un control estadístico de lo ejecutado por los operadores, no cumple esta función y le dan poderes completos para realizar cambios en los registros, es decir, dos funcionarios pueden, sin control alguno, aprobar o rechazar las afiliaciones.

9. Los REPORTES emitidos por el sistema, según el usuario, podrá modificar los datos visualizados en dicho reporte, alterando los resultados, un reporte es meramente informativo y no debería permitir que existan modificaciones a la información entregada.

10. Si existe la necesidad de realizar cambios por errores DE INGRESO DE INFORMACIÓN (ej: se rechazó una ficha que era válida o lo contrario) se lo debe realizar con procesos plenamente establecidos con anticipación y bajo el control de la organización política.

11. Los administradores del sistema pueden cambiar a su antojo y conveniencias las funciones que cumplen los operadores del sistema, es decir en un momento son VERIFICADORES DE FIRMAS (aceptan o ponen en duda una afiliación)y sin que si nadie se dé cuenta, peor aún sin ningún control y en cualquier momento se convierten en VALIDADORES DE FICHAS DUDOSAS (acepta o rechaza definitivamente una ficha), cada operador debe tener claramente y de forma definitiva su función, de otra forma esta división de procesos no tendría sentido ya que una misma persona podría cumplir las dos.

12. Al trabajar solo con CORTES de las imágenes de las fichas de afiliación no se puede garantizar la correspondencia de las imágenes y el sistema no muestra el documento completo ni de las afiliaciones pero aun de los documentos fuente de las instituciones con las que se compara.

13. Nos queda la duda si el sistema no está terminado o que el CNE no entrego todos los requerimientos que debía tener o que estas anomalías fueron solicitadas.

14. Los servidores que se utilizan en el proceso se encuentran en el CNE, conectados por una línea dedicada a los equipos que se encuentran en el Centro de exposiciones Quito, sobre estos servidores no se conoce que tipo de controles, seguridad y su administración.

15. Los resultados del sistema presentado y el proceso de reverificación de firmas no garantiza que estos resultados sean utilizados técnicamente para determinar manipulación en las identidades de los afiliados o adherentes a partidos y movimientos políticos.

lunes, 20 de agosto de 2012

Malinche en Ecuador

Por: Patricio Matute

¿Asilo diplomático, salvo conducto?. Hace unos meses estos mismos términos fueron utilizados casi despectivamente por el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, al referirse a otro caso, cuando el director de Diario El Universo de Guayaquil se refugió en la Embajada de Panamá en Ecuador para pedir asilo, acusado en el caso de calumnias al Presidente de la República por un editorial de Emilio Palacio. En esa ocasión la Cancillería "se hizo de la vista gorda", mientras que ahora a miles de kilómetros y por un extranjero, se rasga las vestiduras, hablando de asilo diplomático y salvo conducto. Al exterior, la imagen del supuesto izquierdismo defensor de los derechos humanos, desafiante al Imperio y al status quo; al interior la mano dura y el desprecio, la persecución ideológica por pensar diferente.


Son las 07h00 del día jueves16 de agosto/2012 en el Palacio Najas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, son las 13h00 en la Embajada de Ecuador en Londres, son las 07h00 (horario de verano) en Estados Unidos. Un acontecimiento mediático mundial sucede entre los "dimes y diretes" de los representantes diplomáticos de Australia, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, y un "invitado de piedra", un "metidito y/o metiche" como decimos los ecuatorianos, un "marujo" como dicen los españoles: Ecuador, inmiscuidos en el último desenlace de los Teleculebrones del Siglo XXI, ya muy difundidos por las grandes cadenas de consumo masivo cultural-comunicativo en el mundo; pruebas al canto: Guerra de Afganistán, Guerra del Golfo; detención y muerte de Osama Bin Laden; Primavera Arabe; Guerra civil en Siria; Israel contra Palestina; Estudiantes chilenos por la educación; Ocupas Wall Street; Indignados de Por do Sol; las caídas de los Presidentes ecuatorianos Abdalá Bucarám, Jamil Mahuad y Lucio Gutierrez; el 30 S; la caída de las Torres Gemelas; el "corralito bancario", y la huida y dimisión de Fernando de La Rua; por no citar los Campeonatos Mundiales de Fútbol, Olimpiadas y otras mañas y marañas de la "caja boba", el "opio contemporáneo de los pueblos", la desisora del marketing de consumo mundial, la que pone y quita valores y desvalores: la televisión que contemporaneamente es utilizada para "distraer" a millones de gentes y "moldear" a su antojo la opinión y visión del mundo de los más inocentes, pero también de los más sabidos. 

Mientras las Olimpiadas en London 2012 celebraban en lo alto la "guerra de marcas y la pelea de sponsors por los atletas-mercancía", en el mundo miles de niños morían de hambre por desnutrición. Mientras el Canciller Patiño daba la anuencia para el asilo diplomático para Assange, se distraía la fecha para revisar las firmas de los adherentes de los partidos políticos de Ecuador para que el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, de el visto bueno y puedan terciar en las próximas elecciones 2013.

En toda esta parafernalia diplomática está inmiscuido uno de los países de América Latina. En el siglo de la inmediatez, de la modernidad liquida (Bauman), no era para menos: ser testigos, sino oculares, sí videntes satelitales, del otorgamiento de asilo diplomático para Julian Assange, creador de los comprometidos cables Wikileaks, que ansioso esperaba salir corriendo al Ecuador, aunque las cadenas mundiales (CNN, Fox, BBC, Reuters, TV Española), y las cadenas nacionales (Ecuador TV, Ecuavisa, Teleamazonas, Gama, TC televsión, RTS, RTU, Oro Mar TV, Telerama) mostraban, hasta con enviados especiales, y en directo, que había una dotación policial mínima, muchos medios de comunicación, unos cincuenta ecuatorianos gritando y portando banderas, varios activistas (que luego fueron apresados) a las afueras de la Embajada ecuatoriana de color anaranjado y blanco; más tarde y luego de emitir la amnistia diplomática desde Ecuador, varios taxis negros (sello de la identidad londinense), circulaban con la más grande flema y normalidad inglesa. Para Assange llegaba un baño portátil y una cocina para que selle con creces su periplo-encierro como supuesto mártir de la libertad de expresión, como supuesto rebelde anti sistema, como el representante del novísimo periodismo ciudadano, que es contrario al viejo periodismo tradicional de las monopólicas cadenas mediáticas.

Paradigmático, de rypley, y anecdódico el caso AssangePor un lado se defiende en el exterior la Libertad de Expresión, pero al interior del país, camina dormida entre los ciudadanos (ciegos, sordos, mudos), la "Maldición de Malinche". Para el extranjero: rasgarse las vestiduras, incluso dar una cadena televisiva y radial tempranísimo, emitir sesudos criterios sobre derecho internacional (aunque hayan caído en el barroquismo latinoamericano, apelando a la vieja sensiblería sin argumentos), defender los derechos de los refugiados, citar a los colombianos que viven en el país por el desplazamiento por efecto del conflicto armado, como "conejillos de indias" de la supuesta bondad por los derechos humanos; pero para los nacionales: cárcel, persecución, criminalización de la lucha y la resistencia, acusaciones falsas e infundadas, multas millonarias a medios de comunicación, juicios y un sin número de violaciones diarias contra dirigentes sociales, contra la prensa, radio y televisión.

Por favor basta de la "doble moral", de la mentira y la ignominia, basta de tanta maldad, basta del "doble discurso". Como siempre y para variar, enseñando una falsa imagen: LOS BURROS HABLANDO DE OREJAS, la historia les pasará la factura a estos indolentes de la patria (Ojo este párrafo no es parte de las cadenas sabatinas del Presidente, tomadas desde un estudio de la Semiología, del autor Teo Van Djik; es simplemente una adaptación dramática de su florido discurso, pronunciado cada semana, desde el manejo de 20 medios de comunicación que se enlazan para emitir una sola verdad).

Cárcel: Los dirigentes campesinos de la provincia del Azuay: Carlos Perez Guartambel, Federico Guzmán y Efren Arpi, acaban de ser condenados a ochos días de prisión por parte de la Corte de Justicia de Ecuador por "obstaculizar vías", cuando en realidad defendían el Sistema Lacuste de Kimsacocha, en el sector de la "Y" de Tarqui en el año 2010. Perez ha manifestado que no tiene miedo a la cárcel, pero si teme por la vida de su esposa que tiene una enfermedad catastrófica y que necesita cuidado permanente.

Criminalización de la lucha y la resistencia: 189 líderes sociales de movimientos campesinos y sociales, esta acusados de sabotaje y terrorismo en Ecuador por defender los derechos de la naturaleza ante la imposición del modelo económico extractivista y la incursión de transnacionales mineras, petroleras, hidroeléctricas y de monocultivo;  sin embargo, se defiende a un haker, supuesto periodista, a miles de kilómetros, "comprándose" una pleito para delinear una imagen falsa en el exterior de buenos defensores de la democracia y de los derechos humanos, veamos si pesa más la inmediatez de los medios de comunicación, o la defensa de la vida de los de carne y hueso, como cualquier hijo de vecino.

Multas millonarias a medios de comunicación: Hace pocos meses la Corte de Ecuador falló a favor del Presidente en el juicio contra Diario El Universo, condenádolo a pagar 40 millones de dólares por un editorial escrito por Emilio Palacio, después la falsa magnanimidad del mandatario, ablandó su corazón y los perdonó, dejando un precedente de miedo en los comunicadores sociales que ejercen, muchas veces de oídos sordos, la censura previa de la vergüenza para no ser acusados como otro de sus colegas, Juan Carlos Calderón y Wilson Zurita, quienes escribieron el libro El Gran Hermano en el que señalan la supuesta relación entre el hermano del presidente con jugosos contratos de obras civiles con el Estado. En los últimos meses se han cerrado por parte del Estado ecuatoriano, una veintena de medios de comunicación que emiten sus juicios de valor ideológico contrarios al régimen. Pero eso sí, a defender la Libertad de Expresión de Assange. "En casa de herrero, cuchillo de palo", o mejor dicho "palo porque bogas, y palo porque no bogas"

Violaciones diarias contra dirigentes sociales: Marcelo Rivera, dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, a pesar de comprobarse de que no fue autor de un hecho de agresión al rector de la Universidad Central de Quito, fue reducido a presión y acusado para que purgue una pena en una lejana cárcel de la región oriental ecuatoriana. Los "10 profesionales de Luluncoto" (10 jóvenes pertenecientes al Frente Popular del Ecuador, de raíz ideológica de la verdadera izquierda) han sido acusados de supuestos actos terroristas contra el Estado, cuando se allanó una vivienda con policía especializada de asalto, que solamente encontraron videos, revistas, computadoras. Pero casi-casi lloran cuando vieron a las afueras de la Embajada de Ecuador en Londres en donde esta asilado Assange, a cuatro policías de tránsito londinenses. Parece una cosa de risa. El Estado ecuaoriano utiliza todas las formas consabidas de represión policial, militar y hasta judicial para perseguir a choferes que infringen un límite de velocidad, a estudiantes que protestan en las calles, a dirigentes que supuestamante obstaculizan las carreteras, a peridistas que difieren con la palabra de su majestad el rey...pero lloran cuando a su protejido Assange,  le tocan una sirenita desde la calle porque es muy sensible. Hipócritas si no hay pruebas condenatorias contra Rivera y los 10 de Luluncoto, otórgueles la libertad, no amedrenten a la juventud, haciendo ver que la practica política es mala, y ser apolitico es bueno,  para ser un "nerds" que sirva a la Patria desde la más rancia burguesía de los ministerios llenos de autómatas y empleados del partido de gobierno (Alianza País) o como los Asambleístas, "levanta manos" para que el cogelislador, garantice el más rancio hiperpresidencialismo sello insulso del Socialismo del Siglo XIX, o del supuesto Socialismo del Buen Vivir, que más sería el "Socialismo del Mal Morir del modelo extractivista".

No se si es conveniente que se tomé como "conejillo de indias" a Assange para que la verdad fluya desde ambos lados. Es decir de forma global, pero también de forma local. Si se defiende la Liberad de expresión, los Derechos humanos, debe ser en todas partes, no solamente para instaurar una imagen en las parrillas de programación de los medios masivos de comunicación. Si se habla de Derecho internacional, debe ser para todos. Inglaterra no puede desconocer convenios, a la OEA, a la ONU, el Ecuador  es un Estado libre, democrático, igualitario y con los mismos derechos globales.

Lo cierto es que Ecuador en el análisis de escenarios próximos esta comprometiendo sus relaciones comerciales con la Unión Europea, ya se sintió la primera llamada del Embajador de Ecuador en Suecia para que explique el caso Assange. Inglaterra ha dicho que no otorgará el salvo conducto a Assange para que viaje a Ecuador. No sabemos como reaccionará Estados Unidos con las débiles relaciones con Ecuador ¿que pasará con las preferencias arancelarias de los productos ecuatorianos que ingresan a Estados Unidos y a Europa? . 

Sin duda la alicaída popularidad de Correa (28 % de intención de voto a agosto/2012 para las presidenciales Ecuador 2013) se blindó con este episodio, que vino a reforzar la imagen del gobierno últimamente inmiscuido en los escándalos de la narcovalija (cocaína descubierta en la valija diplomática de Ecuador en Italia), el escándalo de un millón de firmas falsificadas de Alianza País (partido oficial) y otros movimientos políticos que no pueden terciar en las próximas elecciones, la imposición del modelo económico extractivista en contra del Sumak Kawsai (Buen Vivir) consagrada como derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana 2008, entre otros.

Veamos, la mesa esta servida, el escenario esta dispuesto, los actores nacionales e internacionales seguramente moverán sus mejores fichas ente el lobby y cabildeo de Asambleas, ministerios, secretarias, presidencias, OEA, ONU, UNASUR, ALBA, MERCOSUR, y todo lo florido que se pueda utilizar en nombre de la soberanía, la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos...mientras el pueblo ecuatoriano seguirá sumido en la inseguridad por la delincuencia, en el sicariato, en la criminalización de la lucha, en la persecución por pensar diferente, en los escándalos judiciales, en la imposicón de una verdad de los medios de comunicación estatales...en el hiperpresidencialismo cepalino  keynesiano, en el ensayo del capitalismo andino (modelo de la CEPAL y Keynes).

martes, 14 de agosto de 2012

Cuba Sí 2012


Este 13 de agosto se conmemoró el día Internacional de Solidaridad con Cuba, en homenaje al cumpleaños del Comandante Fidel Castro, evento realizado por la Organización Plurinacional de Estudiantes de Ecuador en Cuba (OPEEC) y la Organización Plurinacional de Estudiantes y Egresados de Cuba Eloy Alfaro en la ciudad de Quito.

En el marco de la celebración del festival Cuba Sí, se realizaron varios eventos como: la colocación de ofrendas florales al Monumento de José Martí y Eloy Alfaro, lo que recordó los estrechos lazos de amistad que mantiene Ecuador con Cuba en ejes centrales del conocimiento y la educación.

Es así que Mayra Gutiérrez, estudiante de sexto año de medicina en Cuba, manifestó que este país le ha dado la oportunidad de estudiar y crecer como profesional al servicio del pueblo ecuatoriano.

Por otro lado, César Isidro Rodríguez, Licenciado en Ciencias Humanísticas, sostiene que en Ecuador se traduce a Licenciatura en Ciencias de la Educación en el área de las Ciencias Sociales: Lengua y Literatura, Filosofía e Historia. Aseveró que hasta ahora a muchos jóvenes se les ha hecho complicado acceder a un estudio de nivel superior, por lo que le tocó enfrentar varias adversidades hasta cuando Cuba le abrió sus puertas y realizar sus estudios en la Universidad al principio me fue difícil, porque fui solo sin conocer a nadie, empecé desde cero pero ahí me ayudaron, puesto que este país la prioridad es el hombre y no el dinero.

A lo que acotó que existe mucha solidaridad con las personas, a los profesores no les interesa mucho el sueldo sino hacer crecer a sus estudiantes como humanos y seres racionales. No convierten la educación en un negocio.

Un concepto similar nos los dio Galo Vega, representante nacional de los padres de becarios en Cuba, quien agradeció la unidad de estos países, que gracias a ello muchos de sus hijos pueden estudiar fuera del país con una educación de calidad.

Además de los actos culturales programados para ese día, en la tarde se realizó el festival artístico en la Sala Auditorio Agustín Cueva, con artistas invitados como: Arnaldo Martínez Araña (Trovador), Miguel Cantos (Poeta), Brigada Roja, Cumbia Proleta y Sangre Combativa (Fundación Guachala).

lunes, 13 de agosto de 2012

Entre la retórica de la participación y la práctica del silenciamiento

La criminalización de la protesta en el Ecuador

Juan Pablo Aguilar Andrade[1]
… el nuevo delegado que ahora hace las veces del duque,
sea por culpa de su nueva situación y del deslumbramiento
que ella le da, sea porque cree que el público
es un caballo al que el gobernante que le monta …
debe hacerle sentir con premura la espuela,
para que se entere de que puede montarle;
sea que la tiranía esté en la esencia del poder … no sé nada de ello …
lo cierto es que el nuevo gobernador ha ido a desenterrar contra mí
todas nuestras viejas leyes penales, que, como armaduras
deslustradas, yacían colgadas tan largo tiempo en la pared …
Para hacerse un nombre juraré que me aplica esas leyes
caídas en letargo … De seguro que es por hacerse un nombre.
William Shakespeare, Medida por medida, acto I, escena II

LA REPRESIÓN EN EL “ESTADO PARTICIPATIVO”
El primer artículo de la Constitución de Montecristi establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la ejerce por medio de los órganos del poder público y de las formas de participación directa constitucionalmente establecidas. Esto, unido a la forma en que el texto Constitucional regula esas formas de participación directa,  ha llevado a autores como Juan Pablo Morales (2008: 161) a hablar de un salto cualitativo en materia de participación, pues gracias a los mandatos de la norma suprema se abriría “la posibilidad de que las personas, en forma individual o colectiva, se involucren activamente en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos”.

He manifestado en ocasiones anteriores (AGUILAR, 2009, 2010-1 y 2010-2) que muchas de las supuestas novedades en realidad no son tales, pues existían ya en anteriores textos constitucionales, y que lo que se ha producido más bien es una lamentable reducción de lo público a lo estatal, que lleva a la pretensión de cooptar la participación e institucionalizarla por medio de una nueva función del Estado, la de Transparencia y Control Social.

Esto, sin embargo, poco importaría y no pasaría de ser una nueva ilusión incumplida, si no viniera acompañado por lo que cada vez con más intensidad y frecuencia se va presentando como una forma cotidiana de ejercicio del poder: la utilización de las leyes penales para controlar y desactivar la actuación de quienes no comparten el punto de vista del titular del Ejecutivo.

No hay todavía un estudio detallado del tema ni un análisis de casos y expedientes, pero entra cada vez más en el ámbito de lo normal conocer, por medio de la prensa, que movilizaciones o conflictos sociales han sido enfrentadas por el gobierno encarcelando a los involucrados o montando procesos judiciales en los que la acusación se centra en los que el Código Penal califica como delitos de sabotaje y terrorismo (artículos 156-166).

El 26 de noviembre de 2007 habitantes de Dayuma, en la provincia de Orellana, obstaculizaron la vía hacia el pozo Auca de Petroproducción para protestar por los que consideraban incumplimientos del Gobierno nacional a un acuerdo firmado dos años antes. Rafael Correa respondió declarando el estado de emergencia (Decreto Ejecutivo 770, Registro Oficial 231 de 13 de diciembre de 2007) y disponiendo, en abierta violación al artículo 24 número 11 de la Constitución entonces vigente, que de haber infracciones tipificadas por la Ley de Seguridad Nacional, se las juzgue conforme el Código Penal Militar, sin reconocer fuero alguno (artículo 5).

El 30 de noviembre las fuerzas especiales del Ejército, rompiendo puertas y ventanas, irrumpieron en varios domicilios y detuvieron a veinticinco personas, entre las que se encontraba la Prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, bajo la acusación de terrorismo organizado (CEDHU: 2007: 11).

Los encauzados pudieron salir en libertad como consecuencia de la amnistía declarada por la Asamblea Constituyente en marzo de 2008 (segundo suplemento del Registro Oficial 343 de 22 de mayo de 2008),  pero en el caso de la Prefecta Llori una serie de maniobras legales y una acusación de peculado, que al final se estableció como infundada, la mantuvieron en prisión hasta septiembre de 2008 (EL UNIVERSO, 23 de septiembre de 2008).

Aunque el caso Dayuma fue presentado como especial pues, según el entonces Ministro de Gobierno Fernando Bustamante, la extrema violencia y la provocación de sectores interesados en producir el caos justificaba la actuación gubernamental (DÁVALOS), el recurso al Código Penal y la acusación de sabotaje y terrorismo se han convertido en una constante respuesta de las autoridades ante la protesta ciudadana.

Quienes se oponen a la explotación minera saben ya, por ejemplo, que un juicio por sabotaje y terrorismo puede ser la consecuencia de cualquier movilización. Los casos no son pocos y una buena muestra puede verse en la carta que la Federación Internacional y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos dirigieron en febrero de 2009 al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias (FIDHU/CEDHU: 2009): órdenes de prisión en Morona Santiago y Azuay y procesos en curso en esas provincias, en Pichincha e Imbabura, muestran que no nos encontramos frente a casos aislados sino ante una clara y consistente política de gobierno para sancionar penalmente la protesta y, aunque en uno de los procesos se ha obtenido una sentencia absolutoria de primera instancia, en otro el resultado ha sido la condena de los enjuiciados.

A esto deben sumarse los procesos penales contra varios dirigentes del Confederación de Nacionalidades Indígenas, la acusación contra los supuestos participantes en los disturbios en La Concordia y la prolongada prisión de Marcelo Rivera; en estos casos, actos con diversos niveles de violencia se convirtieron, por obra de los fiscales, en ejemplos de terrorismo. En el caso de Marcelo Rivera, su abogado defensor ha presentado una queja por la presencia en la audiencia de formulación de cargos del Subsecretario Coordinador de la Política y de funcionarios del Ministerio de Gobierno, así como por la entrevista del primero de los mencionados con el fiscal y la jueza.

LA HERENCIA DE LA JUNTA MILITAR
Los delitos de sabotaje y terrorismo existen en el Ecuador por obra y gracia de la Junta Militar de los años sesenta y responden, indudablemente, a la doctrina de la seguridad nacional. El hecho de que se los haya ubicado en el Código Penal entre los delitos contra la seguridad del Estado, es una buena muestra de ello.

El Código Penal vigente al empezar la década de los sesenta (suplemento del Registro Oficial 1202 de 20 de agosto de 1960) sancionaba la obstaculización de las vías o los daños instalaciones de servicios públicos, pero lo hacían con la debida proporcionalidad, con prisión de un máximo de cuatro días, considerando que se trataba de simples contravenciones.

El 17 de marzo de 1965, la Junta Militar de Gobierno promulgó,  en el Registro Oficial 459, sin considerandos ni exposición de motivos, varias reformas al Código Penal, entre las que se incluía la incorporación de un capítulo denominado “De los Delitos de Sabotaje y Terrorismo”. Entre estos delitos se encontraban la paralización de servicios de salud (prisión de uno a cinco años); la destrucción, deterioro, inutilización, interrupción o paralización de servicios públicos (reclusión de ocho a doce años); el afectar la recolección, producción, transporte, almacenaje o distribución de materias primas (prisión de uno a tres años); la agresión terrorista contra funcionarios públicos o sus propiedades (tres a seis años de reclusión) y la amenaza terrorista (prisión de tres meses a un año), sin que se defina el alcance del término “terrorista”.

Irónico resulta que entre los delitos adicionales a los de sabotaje y terrorismo la Junta Militar haya incluido, sancionándolo con reclusión de cuatro a ocho años, el alzamiento contra el gobierno para desconocer la Constitución, deponer al Gobierno o disolver el Congreso, cosa que precisamente habían hecho los autores de la norma y.

En la codificación promulgada durante la última dictadura de Velasco Ibarra (suplemento del Registro Oficial 147 de 22 de enero de 1971), que es la hoy vigente, el Código Penal incorporó el capítulo de los delitos de sabotaje y terrorismo con los textos aprobados por la Junta Militar. El incremento de penas establecido al final de la última dictadura de las Fuerzas Armadas (Registro Oficial 621 de 4 de julio de 1978) fue dejado sin efecto no bien reinstaurado el orden democrático (Registro Oficial 36 de 1 de octubre de 1979); los tipos penales de sabotaje y terrorismo, sin embargo, se mantuvieron incólumes y el texto dictatorial de los sesenta sigue siendo ley de la República.

LA PROTESTA COMO DELITO
En los delitos de sabotaje y terrorismo importa menos el tipo penal en sí, que la lógica que está detrás de él. Esto porque sin duda hay expresiones de violencia que merecen una sanción, pero esta última no debe pensarse a partir de la idea de castigar la disidencia, ni del supuesto de la intocabilidad de un poder dispuesto a vengarse de cualquiera que lo cuestione.

Cabe preguntarse si la quema de llantas en la vía pública, acto típico de cualquier protesta estudiantil, merece la pena de uno a tres años de prisión prevista por el artículo 129 del Código Penal, cuando el ejercicio arbitrario del poder para privar de la libertad a una persona se sanciona con seis meses a dos años (artículo 180) y la pena no sobrepasa los seis meses cuando se atenta contra libertades o derechos constitucionales (artículo 213). A juzgar por las sanciones previstas, colocar obstáculos en la vía pública es para el Código Penal tan grave como agredir e incapacitar permanentemente a una persona para el trabajo (artículo 466) o el abandono de un niño que termina con la mutilación o la muerte de éste (artículos 476 y 477).

Todo lo dicho si no se sostiene que lo que ha ocurrido en realidad es una interrupción del servicio público de transporte, pues en ese caso el acusado termina enfrentando la pena del artículo 158 del Código Penal (de ocho a doce años de reclusión mayor ordinaria), igual que si fuera culpable de peculado (artículo 257) o de homicidio simple (artículo 449).
La falta de proporcionalidad de las penas establecidas para los llamados delitos de sabotaje y terrorismo salta a la vista y solo se explica por su verdadero propósito: asignar a la protesta consecuencias tales que desalienten el disenso e impongan la obediencia. No se trata tan solo de penalizar el uso de la violencia o la afectación a las personas, ni se piensa en que la reparación de los daños puede ser una alternativa más adecuada; lo que se pretende, únicamente, es sumisión, acatamiento y castigo a la disidencia.
Impedir la “aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes” es, precisamente, la recomendación que en relación con este tema hizo, en su informe de 2009, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2010: 451-452). Esto porque, según el mismo informe, en países como los nuestros “la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado” (CIDH, 2010: 451).

En el caso del Ecuador, un estudio de Tatiana Larrea (2007) muestra que la participación es percibida por los ecuatorianos como una de las facultades que tienen en el sistema democrático. “Sin embargo, la participación se limita al reclamo. Las experiencias que conocen son las manifestaciones, las movilizaciones, las huelgas, las protestas y los derrocamientos presidenciales … Otro tipo de participación que no sea la denunciante es desconocida” (LARREA, 2007: 71).

Desde el retorno a la democracia no han faltado casos en que los delitos de sabotaje y terrorismo han sido invocados, tanto por funcionarios públicos como por empresarios privados; lo novedoso de la situación actual está en el hecho de haber convertido esa invocación en instrumento de gobierno y transformado el enjuiciamiento penal en respuesta común e incluso única del Estado ante las manifestaciones de descontento.
Rafael Correa, que dio nueva vida al olvidado artículo 230 del Código Penal (ofender con amenazas, amagos o injurias al Presidente de la República), ha resucitado también el espíritu con que fueron concebidos los delitos de sabotaje y terrorismo en la época de oro de la seguridad nacional.

No solo eso: el titular del Ejecutivo considera necesario perfeccionar el instrumento heredado de la dictadura. No otra cosa puede pensarse si se revisa el proyecto de reformas al Código Penal recientemente presentado ante la Asamblea Nacional (oficio DPR-O-10-81 de 9 de julio de 2010, ingresado el 16 de los mismos mes y año), cuyo artículo 3 pretende incrementar la pena por interrupción del tránsito, que de uno a tres años pasaría a un mínimo de dos y un máximo de tres años, equiparándose así con la tortura (artículo 204) y el abigeato (artículo 555).

Sin duda, la teoría jurídica permite sostener la inaplicabilidad de los delitos a los que vengo haciendo referencia. Sin embargo, la ponderación entre, por ejemplo, el derecho al libre tránsito y el derecho a la libre expresión, no puede tener más que eficacia puntual, y eso si nos encontramos frente a jueces receptivos; el problema de fondo tiene que ver, no con  argumentos jurídicos convincentes y bien construidos, sino con decisiones políticas. “La imposición de una pena, nos recuerda Jacques Verguès, no es una cuestión de principios sino de conveniencia política” (2009: 88).

PARA TERMINAR, EL PRINCIPIO
La política de criminalización de la protesta no responde a un sorpresivo cambio de rumbo del gobierno; es, más bien, el resultado de un proceso de silencios complacientes e inédita indulgencia que, por esas paradojas de la historia, dio su primer paso importante, me parece, el 10 de diciembre de 2007, día de los derechos humanos.

En esa fecha, la Constituyente de Montecristi conoció los hechos de Dayuma, a los que se hizo referencia anteriormente, y resolvió que el pleno de la Asamblea no era el espacio para tratarlos. Los procesos judiciales deben seguir adelante porque solo por medio de ellos se puede saber quién es culpable y quién inocente, sostuvo María Paula Romo, mientras Pedro de la Cruz afirmó que la Asamblea debía dedicarse a resolver los problemas estructurales y no temas puntuales. María Molina recogió, pintándolo de otro color, el viejo argumento de la derecha: hay que cuidarse de la manipulación del tema de los derechos humanos; y Trajano Andrade negó a “quienes antes violaron los derechos humanos” la posibilidad de reclamar al gobierno. Gabriel Rivera hizo un llamado a cerrar filas alrededor del Presidente: “que a nadie le quepa la menor duda del férreo e irrenunciable apoyo de estos asambleístas del Movimiento País hacia nuestro Presidente, porque es el buque insignia de la revolución ciudadana” (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2007).

En “El Juicio de Núremberg”, la película de Stanley Kramer, Abby Mann, el guionista, nos presenta el diálogo final entre Ernst Janning (Burt Lancaster), el juez alemán condenado a cadena perpetua, y Dan Haywood (Spencer Tracy) el juez norteamericano que lo condenó.
Créame, dice Janning, nunca me imaginé que podía llegarse a tanto abuso.

La primera vez que usted condenó a un inocente sabiendo que lo era, le contesta Haywood, ya llegó a eso.

En el Ecuador llegamos a la criminalización de la protesta, a las persecuciones, procesos penales y sentencias de las que estamos siendo testigos, y a las que vendrán en el futuro, el 10 de diciembre de 2007, cuando un grupo de asambleístas prefirió no ver los atropellos contra los que siempre había reclamado y sacrificó los derechos de las personas en el altar de las conveniencias políticas.

Quito, agosto de 2010

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Aguilar Andrade Juan Pablo, 2010-1, “La participación institucionalizada”, en Aportes Andinos, Revista Electrónica del Programa Andino de Derechos Humanos, número 26, www.uasb.edu.ec/padh_contenido.php?pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ig&cd=2647.
Aguilar Andrade Juan Pablo, 2010-2, “Derechos de participación y derecho a participar”, en VV.AA.,  ¿Estado Constitucional de Derechos. Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2009, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Ediciones Abya-Yala, pp. 223-235.
Asamblea Nacional Constituyente, Acta 007, 10 de diciembre de 2007.
CEDHU, 2007, “Dayuma: criminalización de la protesta social”, en Derechos del Pueblo, Quito, número 162, p. 11.
CIDH, 2010, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEAnual%202009.pdf.
Dávalos Pablo, “Dayuma en el corazón”, en http://icci.nativeweb.org/dayuma%20en%20el%20corazon.htm.
FIDHU/CEDHU, 2009, “Carta al Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias”, 19 de febrero, en http://cedhu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=58.
Larrea Tatiana, 2007, ¿En qué pensamos los ecuatorianos al hablar de democracia?, Quito, Corporación Participación Ciudadana.
Morales Viteri Juan Pablo, 2008, “Los nuevos horizontes de la participación”, en VV.AA., Constitución del 2008 en el contexto andino, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Verguès Jacques, 2009, Estrategia judicial en los procesos políticos, Barcelona, Anagrama.



[1] Abogado. Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.