Juan
Cuvi
Ex militante de AVC
¿Quién
es el cerebro que, a la sombra, propicia las políticas represivas y regresivas
del régimen de Correa? Muchos ecuatorianos nos venimos haciendo esa pregunta
desde que, a los pocos meses de posesionado, el primer mandatario dio muestras
de su verdadera orientación respecto de la democracia y el respeto a los
derechos humanos. La agresión en Dayuma fue, sin lugar a dudas, el campanazo de
alerta de lo que vendría después. Y la profundización de esa lógica policial
del ejercicio del poder no se ha detenido.
No
viene al caso enumerar la serie interminable de medidas, iniciativas y acciones
que, a lo largo de estos cinco años, perfilan un proyecto autoritario que se
fundamenta en la neutralización de la discrepancia por todos los medios
posibles: persecución, hostigamiento, amedrentamiento, escarnio público,
chantaje, cooptación. Estas son solamente manifestaciones de una muy bien
estructurada propuesta de control social.
No
obstante, es importante aclarar que la policialización de la política –valga la
redundancia– cuenta con la venia, aunque no con la autoría, del Presidente de
la república. Y esto último por una simple deducción: Correa no posee ni la
formación intelectual, ni la experiencia política, ni los conocimientos
históricos y jurídicos como para montar una maquinaria represiva tan sutil como
efectiva. Pero haciendo las cuentas finales se puede concluir que el correísmo,
en la práctica, ha logrado lo que ningún gobierno de derecha consiguió:
acorralar o inutilizar a muchos movimientos sociales y organizaciones de
izquierda.
Las
pistas para desentrañar esta trama hay que buscarlas en las eventuales
conexiones y coincidencia del actual gobierno con el febrescorderismo del
pasado. Es decir, con aquellas prácticas y personajes de la derecha que hicieron
de la represión una política de Estado; no una simple respuesta a los
conflictos políticos o a las contingencias coyunturales, sino la aplicación
sistemática de mecanismos de control social que incluyen las restricciones a la
libertad de expresión, el linchamiento mediático y físico, el encarcelamiento,
la involución jurídica o el chantaje laboral. Es decir, todo una andamiaje de
instrumentos que abarca desde el sometimiento de las mentes hasta la regulación
corporal, desde las posiciones ideológicas hasta la cotidianidad.
El
cínico desenpolvamiento de las figuras de terrorismo y sabotaje con que hoy se
pretende juzgar a muchos opositores supera con creces los recursos jurídicos
con los cuales el gobierno de Febres-Cordero persiguió a los militantes de Alfaro
Vive Carajo. La desproporción de las acusaciones a los diez jóvenes detenidos
en Luluncoto contradice cualquier principio de racionalidad política o
jurídica. Nos retrotrae a las épocas más oscuras de la Historia, cuando las
discrepancias se penaban con la proscripción, el exilio o la hoguera. Nos
recuerda a Espejo encarcelado por pensar, a Montalvo perseguido por escribir.
Es decir, nos presenta a la palabra como delito.
