Por Nelson Erazo
Para nadie es desconocido
que el presidente Correa pretende
hacernos creer que con su revolución ciudadana todos somos iguales. De acuerdo
con los mediocres ideólogos de la meritocracia, los problemas de la sociedad
son por falta de oportunidades y que se resolverán en base a los méritos individuales,
limitando así el derecho al buen vivir establecido en la Constitución. En
efecto, esta aseveración del gobierno choca con la realidad, los hechos demuestran que esta situación por
la que atravesamos los trabajadores es producto de las divergencias de clase,
entre trabajadores y empresarios, ricos
y pobres, entre los que vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración
y los dueños de los medios de producción, entre capital y trabajo.
Esta es la realidad de la mayoría de ecuatorianos, no nos tragamos
el cuento gobiernista de que “la revolución está en marcha” o que la revolución “ya es de todos” y
que por lo tanto todos los ciudadanos somos iguales, mensaje utilizado por
Correa para combatir y eliminar los derechos colectivos de la clase obrera y
los pueblos, que es la única forma de evitar que se cumplan de manera plena los
derechos individuales.
Para la revolución
ciudadana es factible que los empresarios y los trabajadores podamos vivir en
armonía, postulado sin lógica que lo manifestó
el 15-1-1012. “Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo
modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo
perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más
justa y equitativa” dijo. Esta concepción de las cosas por parte de un régimen
populista, demagogo y de derecha como el de
Correa explica su accionar anti obrero, propatronal, que afirma y
defiende los privilegios que otorga el sistema capitalista a la clase
dominante, y la estrategia de
persecución a la clase obrera a la que le niega la posibilidad de
alcanzar las condiciones de vivir dignamente, cubriendo salud, vivienda, educación, alimentación, entre
otras necesidades.
Estos aspectos explican las
jugosas ganancias de los empresarios, de los industriales, así como las grandes
utilidades de los banqueros, que no son casualidad sino el resultado de la
colaboración incondicional y de las coincidencias plenas de este gobierno con
el empleador, con los empresarios, es
decir con los ricos.
Esta política anti obrera se
manifiesta también en los actos de restricción y de discriminación que se presentan
al día en el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL)dirigido por el Dr.
Francisco Vacas, actos que incrementan la cadena de corrupción que arrastra el
gobierno del mal llamado ¨ Socialismo del Siglo XXI¨, que pierde aceleradamente
la credibilidad y por lo tanto el respaldo de los trabajadores y organizaciones
sociales que han visto como se ha deteriorado y derechizado este régimen que
abandonó los postulados de cambio. Ya que para todos los que se han acercado al
MRL es conocido que en este gobierno, como en los anteriores, no se manejan los
conflictos en derecho y peor que en caso de duda las cosas favorezcan al más
débil de la relación laboral, el trabajador.
Para los trabajadores y en
particular para el sindicalismo clasista, la corrupción es consustancial a la
burguesía y la patronal, a los gobiernos de derecha, pues sus fortunas las han
acumulado de manera fraudulenta e ilegal por decir lo menos, ya que las mismas
han sido arrebatadas con argucias, utilizando leyes elaboradas por sus representantes
y sus gobiernos, donde encaja de manera perfecta el correísmo; negándonos lo que en verdad nos pertenece,
pues somos los trabajadores los que generamos y producimos la riqueza.
El
rostro anti obrero del Correísmo.
Los trabajadores luchamos por la defensa de los derechos laborales y su
cumplimieto: Estabilidad, Salarios Justos, Organización Sindical, Contratación
Colectiva, Seguridad Social, principios establecidos en el derecho social y en normas internacionales del trabajo contempladas dentro del Pleno Empleo (cuando más
del 70% de la PEA no tiene acceso al empleo). La clase obrera no se ha movilizado
solo por sus derechos, somos los protagonistas de la lucha contra las
privatizaciones de las áreas estratégicas, por la defensa de la soberanía, el
alto costo de vida, contra la tercerización; aspectos que fueron plasmados en
la actual Constitución, con la movilización de los trabajadores y sectores
sociales, y que hoy son negados por el gobierno populista de Correa en base al autoritarismo,
prepotencia y persecución a los luchadores sociales.
Distintos mecanismos ha utilizado
el correísmo para afectar los derechos laborales y conquistas sindicales: entre ellos los decretos
ejecutivos, acuerdos ministeriales y leyes anti obreras aprobadas por la
mayoría de asambleístas, que pertenecen a su camada, sus aliados
incondicionales los socialistas verdes, el oportunismo donde está a la cabeza
la asambleísta Silvia Salgado de mala recordación para los trabajadores pues
con su voto impidió el juicio político al ex Ministro Richard Espinosa impulsor
de la debacle laboral, lo cual se suma a la posición del PSC, Madera de
Guerrero, PRIAN, PSP, entre otros, que
siempre han afectado a los trabajadores.
LA POLÍTICA LABORAL DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.
Con Correa, el imperialismo y la
burguesía sostienen las viejas prácticas de explotación capitalista, cumpliendo
incluso de mejor manera las órdenes de los monopolios y las transnacionales de
recortar las libertades públicas y los derechos sociales como se propusieron
hacerlo en su momento las dictaduras y los demás gobiernos burgueses. Así
continúa socavando, cercenando y restringiendo los derechos sindicales de
organización, reclamo y huelga, partes esenciales de la contratación colectiva;
por lo tanto los cambios proclamados por este gobierno son un atentado para los
trabajadores.
La organización Sindical y la
Contratación Colectiva en este gobierno.-
La revisión de
los Contratos Colectivos de manera unilateral y el Decreto Ejecutivo 1701
eliminaron de manera indiscriminada artículos de la contratación colectiva como los subsidios familiar y de antigüedad de
un dólar, bono navideño y por el día del trabajo de cinco y diez dólares
respectivamente, entre otros, siendo una expresión de la limitación en la
progresividad de la Contratación Colectiva y del derecho laboral.
El Decreto 1701
también sirvió para limitar el acceso a la Organización Sindical, se establece
que solo los obreros u obreras están sujetos al Código del Trabajo, reduciendo
drásticamente la sindicalización en nuestro país, abriendo así la puerta para
despedir a quienes no tienen la protección de la Organización Sindical. Sin
embargo, la movilización de los trabajadores principalmente de los municipios,
consejos provinciales, salud, eléctricos, petroleros, en donde la UGTE y
algunas Centrales del FUT jugamos un papel importante, obligó al gobierno
nacional a restituir algunos beneficios, aspectos que siendo positivos todavía tienen
limites.
Política
de Despidos Masivos.-
La Estabilidad Laboral ha sido uno de los principales elementos atacados por un
régimen prepotente y anti obrero como el
de Correa, basta ubicar que desde el 2008 hasta fines de septiembre del 2011
han sido despedidos más de 60000 trabajadores públicos para lo cual elaboraron
la Ley Orgánica de Servicio Público, creando el marco jurídico para despedir a
los trabajadores Petroleros, Eléctricos, Tele Comunicaciones, Salud, de cementos
Guapán y Chimborazo, IESS, CENAGUA, y de los distintos ministerios, bajo la
figura de supresión de partidas o con las mal llamadas evaluaciones, las compras de
renuncia y así deshacerse de los trabajadores que no comparten con este
régimen, y en el afán de poner gente de
su confianza que les asegure su proyecto desarrollista y reformista, para afirmar
su base social controlando la dirección de las organizaciones sindicales para
desmovilizar a las masas.
Sin embargo,
como estas leyes no garantizaban el despido en el número que se requería, se
vio obligado a elaborar el Decreto
Inconstitucional 813, que establece la Compra de Renuncias Obligatoria, persiguiendo así a quienes
resisten a su política anti obrera y pro patronal; como ocurrio con Kleber Alvarado, Ulbio
Torres, María Palma, Bolívar Merchán,
Harry Sánchez, Wilson Albarracín, entre otros dirigentes; sin lugar a dudas este
decreto es el más maquiavélico por su
naturaleza y la concepción de clase, y posibilitó desde septiembre del 2011
hasta lo que va del 2012 despedir a más
de 12.000 trabajadores entre el Código del Trabajo y la LOSEP, siendo el único
país donde se legaliza el despido de los
trabajadores como política de Estado. Mientras en Venezuela, por ejemplo, se
establece en el Código del Trabajo la inamovilidad de los trabajadores de sus
puestos, es decir se garantiza y principaliza la estabilidad laboral, acá
Correa legaliza el despido como un derecho de los empleadores, concepto que fue
esgrimido por el asesor jurídico de la presidencia Alexis Mera y el ex Ministro
de Relaciones Laborales Richard Espinosa, argumento que sirvió para que la
Corte Constitucional guarde absoluto silencio frente a las demandas de
Inconstitucionalidad presentadas por las Centrales Sindicales, la FEDESEP y el
MPD. Este mismo hecho ha servido para que miles de obreros sean despedidos en
el sector privado, como en el caso de BOTAR, trabajadores de los Casinos,
Universidades privadas que fueron cerradas, ERCO, Acromax, etc casos en los que
el MRL se ha dedicado a cumplir el papel de liquidador de los trabajadores y no
de defensor de la Estabilidad Laboral.
La Política Salarial en tiempos
de la Revolución Ciudadana.-
En la política
laboral del régimen correísta está explícito su carácter de clase, de defensor
del capitalismo, pues utilizando su discurso
populista asegura las cuantiosas ganancias de los empresarios,
industriales, banqueros, en general de la burguesía.
Aplicando los
mismos mecanismos de la larga noche neoliberal, imposibilita el incremento
general de sueldos y salarios de los trabajadores, ya que se ha ratificado al
CONADES como el organismo para discutir los salarios, mismo que tiene la
capacidad de fijar solo los mínimos que
se deben pagar, garantizando en el Socialismo del Siglo XXI la contratación de mano de obra barata, la
sobreexplotación y las ganancias de la burguesía.
La elaboración
del Código de la Producción, que establece el “salario digno”, ha
cristalizado el sueño de los empresarios
que durante décadas venían insistiendo en la mensualización del décimotercer y décimocuarto
sueldo, los fondos de reserva y de los rubros de la contratación colectiva,
como parte del salario mensual de los trabajadores, a la vez que retorna a la
precarización laboral con el trabajo discontinuo, que imposibilita la estabilidad,
el derecho a organización y el acceso a la contratación colectiva y todos los
beneficios de la seguridad social.
En el sector
público se han congelado los sueldos y salarios de la mayoría de trabajadores
con los Acuerdos Ministeriales 080, 096 y 078 que plantean los techos
salariales impidiendo y limitando no solo los incrementos sino incluso la
Contratación Colectiva por más de 3 años.
Otro elemento
es la metida de mano en los bolsillos de los trabajadores petroleros del sector
privado, pues con la Ley de Hidrocarburos se les redujo las utilidades al 3%,
ya que el 12% restante debe ir a las comunidades indígenas, afectando así a los
trabajadores, mientras no se les topa en lo más mínimo a las transnacionales,
favoreciendo con esta ley a quienes explotan y se enriquecen con nuestros
recursos naturales.
Esto evidencia
que Correa y Alianza País representan los intereses de los grupos
económicos de la nueva burguesía, quienes se han visto favorecidos con su
política en general, ya que la evolución del salario en los 5 años del gobierno
de Correa y de la llamada revolución ciudadana no alcanza a cubrir por lo menos
la canasta de la pobreza del 2007 que se encontraba en $ 325, pues de 200
dólares que ganábamos en ese año pasamos a ganar 292 en el 2012. Para camuflar
esta realidad Correa retoma los anhelos de los patronos y establece que la
canasta familiar debe cubrirse con los ingresos familiares y que son 1.6 los
perceptores, y no como lo establece la Constitución: que el salario del
trabajador cubra el costo de la canasta familiar. Como contrapartida
evidenciamos que a pesar
de la crisis mundial los banqueros, industriales y empresarios han incrementado
sus ganancias; ejemplos el Banco
Pichincha incrementó su capital de 1.185 millones en el 2007 a 1.354 en el 2010 y en esta última etapa
sube cerca del 50% más que las ganancias del 2010 y en los grandes grupos. El juri
pasa de 1.003 millones a 1.900 millones en el 2010, Pronaca de 558 millones en
el 2007 pasa a 749 millones en el 2010, La Favorita en el 2007 de 1.151
millones pasa al 2010 a 1.708 millones, Grupo Rosado de 620 millones en el 2007
pasa a 810 millones en el 2010, Herdoiza Crespo de 91 millones en el 2007 pasa
a 343 millones en el 2010, etc., mientras en ese mismo período el salario de
los trabajadores se ha deteriorado. Ejemplo: en el 2007 la canasta de la
pobreza era de $ 325, en la actualidad los trabajadores ganan $ 292, lo que
quiere decir que con la revolución ciudadana no hemos alcanzado ni la canasta
de la pobreza de hace 5 años atrás.
Pero el
servilismo del régimen va mucho más allá con la flexibilización de la jornada
laboral, contrareforma anunciada por el Ministro
Francisco Vacas y el mismo Rafael Correa, confirmando el entreguismo y contubernio del gobierno con los grupos de
poder económico. Bajo el argumento de la dinamización de la jornada laboral, vuelve
a la carga en favor de los empresarios estableciendo
la jornada de 7 horas de lunes a jueves,
viernes y sábados 6 horas, reduciendo el pago por horas extras del 100% al 25%,
perjudicando los ingresos de los trabajadores y sus familias; esta medida también
afecta la salud de los trabajadores, pues su desgaste físico y emocional será
mayor, además irrespeta el Convenio 47
de la OIT, el Código del Trabajo en los artículos 47, 48, 49 y 50 que
establecen que la jornada laboral será de 40 horas a la semana, 8 horas diarias
con descanso forzoso de sábados y domingos, así se retorna a la década de los
70 del siglo pasado, evidenciando que este gobierno es indolente con la clase
obrera y condescendiente con los dueños de los medios de producción.
La perspectiva de la Clase
Obrera es desarrollar la Unidad de las fuerzas sindicales y populares como la
única alternativa.
Estos hechos que han sido analizados y que evidencian toda una ofensiva
del reformismo, hoy plasmada el gobierno populista, anti democrático, autoritario
y de derecha de Correa, debe recibir
como respuesta el fortalecimiento del sindicalismo de clase, afirmando e
intensificando la relación con las bases, pero también ampliando esta unidad hacia
el campesinado y el movimiento indígena, con los pueblos del Ecuador, que permita
concretar un programa y una plataforma unitaria que avance más allá del proceso
electoral.
A la vez que es indispensable avanzar en la Unidad de los Trabajadores,
con las Centrales y Organizaciones independientes del gobierno y que estén
dispuestas a avanzar en la construcción de la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, levantando las banderas del Nuevo Código del Trabajo como ley orgánica, por Trabajo Digno y con Derechos, Salarios
Justos, por la Defensa de la Estabilidad Laboral, la Organización Sindical y la
libre Contratación Colectiva.
Pero al mismo tiempo se debe incorporar al Movimiento Obrero al debate
sobre el escenario político y a la posibilidad cierta de derrotar al correísmo
en el proceso electoral que vivimos, para lo cual es indispensable fortalecer
la COORDINADORA PLURINACIONAL DE LAS IZQUIERDAS, al igual que la candidatura
presidencial de Alberto Acosta y las
listas de la Unidad de las izquierdas.
