Por Decio Machado
Estamos al inicio de un nuevo ciclo electoral en Ecuador. A
pesar de que las próximas elecciones presidenciales no tendrán lugar hasta
dentro de 20 meses, febrero del 2017, es evidente que ya se mueven en clave
estratégica las principales piezas del tablero político ecuatoriano.
Análisis de situación y contexto
Desde que comenzara a notarse en la economía nacional los
impactos derivados de la caída de los precios de petróleo, el régimen correísta
viene sufriendo un paulatino desgaste político, el cual acompañado del
deterioro de la imagen presidencial –principal eje estratégico sobre el que se
ha articulado la legitimidad del gobierno-, se abre la puerta a un panorama
político diferenciado a lo hemos asistido durante los ocho años anteriores.
La caída con posterior recuperación y estabilización de
precios del crudo, muy por debajo del contemplado en la proforma fijada por el
gobierno para el Presupuesto General del Estado del 2015, ha marcado el cambio
de ciclo económico respecto al boom de los commodities que acompañó hasta ahora
la gestión correísta.
La actual situación económica requeriría autocrítica por
parte del Gobierno reconociendo errores de gestión y una apuesta equivocada por
un modelo que en la actualidad desnuda sus límites políticos en los planos
económicos y sociales. Los errores de conducción en un proceso dirigido por
burócratas tecnocráticos con escasa base ideológica han generado distintos
vaivenes en las políticas públicas, conllevando escasa efectividad en materia
de diversificación productiva, rentabilidad en el sector agropecuaria y
políticas claras respecto a la redistribución de la riqueza nacional. Las
políticas de desarrollo implementadas por el correísmo durante estos ocho años
conllevaron la profundización de la dependencia nacional respecto al mercado
internacional de commodities y han demostrado la falta de valentía o voluntad
oficialista para afrontar cambios estructurales reales en el país.
Gran parte de los logros políticos desarrollados por el
régimen, la mayoría de ellos sostenidos gracias a las elevadas exportaciones
petroleras desarrolladas en estos últimos ocho años (57 mil millones de dólares
descontados los costos de los combustibles importados), están ahora en riesgo.
Resultó que al “jaguar latinoamericano” le dieron de comer los dueños del circo
y llegado en momento de su vuelta a la selva por quiebra del negocio este se
muestra incapaz de cazar.
Como dato relevante, basta evidenciar que las exportaciones
de bienes procesados no petroleros en 2006 significaron un 4,9% del PIB
nacional mientras que en el 2014 dicho porcentaje descendió al 3,9%. Todo ello
a pesar del “discurso vanguardia” del régimen basado en el cambio de matriz productiva
y la transformación del régimen de acumulación heredado de la “larga noche
neoliberal”.
Incapaces durante ocho años de diversificar de manera
significativa la producción nacional, se profundizó un proceso de
reprimarización donde el petróleo alcanzó al 55% de las exportaciones totales
ecuatorianas. Consciente del impacto político y económico que la bajada de
precios del crudo significa para su gobierno, el presidente Rafael Correa
anunciaría a comienzos del 2015 que “estamos empezando un año difícil (…) pero
pueden estar seguros que hemos tomado todas las precauciones y las estrategias
del caso”. Cinco meses después, y ante el estancamiento de la capacidad de
recuperación del precio del barril de crudo, el mandatario volvería a hacer
declaraciones -en este caso de acentuada graduación volumétrica- indicando el
mantenimiento del dinamismo económico nacional y que el país está preparado
para “escenarios extremos” como una caída de hasta 20 dólares por barril.
Sin embargo la realidad es tozuda y la estimación de
crecimiento de la economía ecuatoriana pasó del 3.5% estimado por el FMI en su
informe del abril del pasado año (4,1% en el caso del Banco Central del
Ecuador) al 1,9% en exactamente un año
después (abril de 2015). Para una economía con un PIB per cápita de USD 6.002,9
(Producto Interno Bruto año dividido por la población, datos Banco Mundial a
2013) no estamos hablando de una tasa de crecimiento de perfil alto y por lo
tanto tampoco de un gran dinamismo en la economía nacional. Citando a Anatole
France, premio nobel de literatura en 1921, “sin mentiras la humanidad moriría
de desesperación y aburrimiento”.
Sin duda este tipo de afirmaciones entre otras tantas
vertidas en los últimos meses, son las que han hecho que el presidente ecuatoriano
haya bajado notablemente sus niveles de credibilidad ante la opinión publica,
dato que según la encuestadora CEDATOS pasó 53% en enero del presente año al
45% dos meses después, habiéndose elevado el número de las personas que no le
creen del 40% al 49% en ese mismo período.
La supuesta preparación del gobierno nacional para afrontar
esta ralentización económica y semi-descapitalización del Estado se ha basado
en las siguientes líneas de acción: recorte de 1.420 millones de dólares (un
3,91% el presupuesto general del Estado) sobre el cual se aplican 839.9
millones en recortes del gasto de inversión y 580 millones en gasto corriente
–salarios, bienes y servicios-; incremento de impuestos a un tercio de las
importaciones con el fin de evitar salida de divisas al exterior; un incremento
agresivo de la deuda interna y externa de país, la cual al cierre del ejercicio
2014 totalizó 30 mil millones de dólares y representó el 30% PIB, a lo cual hay
que sumar otros 8.807 millones de dólares de déficit fiscal por cubrir en base
a las necesidades presupuestarias del país (subirá el volumen de deuda a unos
39.000 millones de dólares) lo cual significa algo más del 35% de endeudamiento
respecto al PIB sobre un límite fijado en la Constitución de Montecristi del 40%
(se espera en el próximo año una nueva modificación del texto constitucional
con el fin de ampliar los niveles de endeudamiento permitidos), a lo que habría
que añadir también otros 2.142 millones de dólares en preventa de petróleo a
empresas chinas de los cuales mil millones han de abonarse en el presente año y
que son contabilizados como operaciones de venta anticipada por la empresa
pública Petroecuador en un alarde ingeniería financiera que busca camuflar el
incremento en deuda externa; la eliminación del aporte del 40% que hasta ahora
estaba obligado a desembolsar el Estado para asegurar el pago de pensiones del
Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, lo que viene a significar 700
millones de dólares de ahorro este año al Estado con la consiguiente puesta en
riesgo del futuro de las pensiones a los trabajadores del país; la emisión por
dos veces –marzo y mayo del presente año- de bonos en los mercados
internacionales para financiamiento interno, colocando 750 millones de dólares
en cada ocasión, la primera a cinco años y al 10,5% de interés y la segunda con
vencimiento en 2010 y un rendimiento del 8,5%, lo cual demuestra la carencia de
fiabilidad del país en el mercado internacional de deuda (países como Perú
logran financiamiento a 35 años al 5,63% de interés); así como otras medidas
improvisadas, entre las que destaca el reciente asalto al Fondo de Cesantía del
Magisterio ecuatoriano, lo que en términos económicos son 405 millones dólares
en fondos previsionales de sus afiliados enfocados a productos solidarios,
especialmente en inversión para vivienda (otros fondos privados de pensiones
que ya han pasado a manos del Estado son lo que pertenecen a los trabajadores
de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, los de la Universidad Técnica de
Ambato, los de la Politécnica del Ejército y el de los servidores públicos del
Ministerio del Interior y de los gobierno provinciales de El Oro y Morona
Santiago).
En la actualidad el régimen está difiriendo gran parte sus
gastos hacia futuro, dado que ya comienza a tener un servicio de deuda alta
–destina en la actualidad un 4,7% del PIB a atender el servicio-, todo ello en
medio de un panorama mundial que no
resulta muy halagüeño.
En este contexto, la frase favorita del régimen y su
mandatario es “lo más duro ya pasó, los precios del petróleo se están
recuperando”. Una vez más se mezcla deseo con realidad y se ignora que
recientemente el Bank of America Merrill Lynch emitió un informe en el cual se
expresa que debido al exceso de suministro, la debilidad de la demanda en
mercados emergentes, el retorno de la producción de esquisto en EEUU y las
expectativas de una acuerdo nuclear con Irán, el barril de petróleo West Texas
Intermediate (WTI) al que se sujeta la cotización del crudo ecuatoriano con una
penalización de mas/menos 10 dólares por barril no superará el promedio de los
US$ 53 en 2015. Por su parte Goldman Sachs, en una nota de prensa emitida el
pasado 18 de mayo, estima que los precios del petróleo cotizarán entre 50 y 60
dólares el barril hasta finales de la presente década como consecuencia de la
lucha entre los estados miembros de la OPEP y EEUU para ganar cuota de mercado.
Para esta banca de inversión y valores vinculada a la élite financiera,
empresarial y política de los EEUU -uno de los ladrones más grandes de Wall
Street con quien el gobierno ecuatoriano negoció el pasado año la entrega de
466.000 onzas de sus reservas de oro por un derivado financiero que le rinde
0,85% anual y le sirve como aval de garantía para un crédito de 400 millones de
dólares a un interés del 4,3% anual, muy por debajo de la usura china al que
país se ha visto obligado a recurrir en los últimos años-, el agua de shale en
EEUU continuará a pesar de que la OPEP está dispuesta a mantener su producción
y con ello no apoyar una subida de las cotizaciones del crudo internacional.
Según la institución fundada por el empresario de origen judío-alemán Marcus
Goldman en 1869 y que hoy es uno de los bancos más grandes del mundo con un
capital bursátil de 55,54 mil millones de dólares, el WTI cotizará en los 57
dólares el año que viene, y en 60 dólares en 2017 y 2018. Esta condición
mantendría lejos los precios del crudo respecto a los 79,7 dólares por barril
presupuestados en la proforma del Presupuesto General del Estado del 2015 o los
102 dólares de valor promedio del West Texas Intermediate en abril del 2014. Si
las cosas son así, el presupuesto público de inversión social e
infraestructuras se ve necesariamente obligado a reformularse con el impacto
que esto conlleva.
Llegado el final de “época dorada” de los commodities el
gobierno ecuatoriano vive de inaugurar obras que ya estaban en curso, habiendo
quedado en carpeta cualquier nuevo emprendimiento hasta que no se aclare la
situación económica a la que se ha visto abocado el país. En este sentido, el
gobierno comienza a demostrar sus carencias respecto a estrategias eficientes e
innovadoras en materia social y económica destinadas a la disminución de la
desigualdad y el desarrollo del país en este período. Según datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza nacional habría aumentado
entre junio del 2013 y junio del 2014 de 23,69% al 24,53%; y de igual manera,
el empleo inadecuado –quienes no llegan a completar la jornada legal de trabajo
de 40 horas y/o quienes ganan menos del salario básico unificado- subió del
49,41% de la Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador en marzo del
2014 a 52,06% en marzo del 2015; mientras que el coeficiente de GINI –índice
que mide la desigualdad de los ingresos entre la población- se estancó desde el
2013, rompiéndose la evolución positiva que había mantenido en los últimos
años.
En este contexto, cabe reseñarse como principal factor de
riesgo a la población vulnerable. Si bien la pobreza medida por ingresos
(usando la línea de pobreza nacional: quien percibe menos de 2,63 dólares
diarios) disminuyó del 37,6% al 22,5% entre 2006 y 2014, la población
vulnerable (ingresos entre 4 y 10 dólares diarios) es del 43% de la población
ecuatoriana según datos de la CEPAL, año 2012. Esta situación hace que este
amplio sector de la población ecuatoriana esté expuesta a serios riesgos de
volver a caer en la pobreza ante situaciones de crisis derivadas de la alta
dependencia de la economía nacional respecto del sector petrolero.
La percepción generalizada de incremento de la corrupción en
el país, la pérdida de credibilidad acelerada del presidente Correa, el
incremento de la seguridad ciudadana, el estancamiento respecto a incremento de
capacidad adquisitiva y mejora en las condiciones de trabajo, y
fundamentalmente el descontento respecto al estado de la economía de un país
donde el régimen sustentó sus estrategias de captación sobre políticas
clientelares, posicionan al gobierno correísta en una condición nueva ante las
elecciones de febrero del 2017.
Si bien los indicadores de tendencia electoral se enfocan
con alta probabilidad en la continuidad del régimen, dicha victoria electoral
tendría rasgos diferenciados respecto a los períodos anteriores: menor apoyo
político al régimen y pérdida del control total en el Legislativo.
Estrategias opositoras
Los sectores conservadores son conscientes de que si bien
Rafael Correa llegó al poder tras las elecciones del 2006 siendo un referente
para la juventud –la aparición de un personaje nuevo y de perfil rompedor que
significaba una bocanada de aire fresco en la decadente politiquería nacional-,
en la actualidad estos apenas distinguen diferencias entre el mandatario y sus
contendores. Para los jóvenes ecuatorianos todo el espectro político nacional
son “astillas del mismo palo”, motivo por el cual demandan la aparición de
nuevas identidades políticas con capacidad de sintonizar con nuevas demandas e
inquietudes.
Conscientes de que la política consiste en agudizar las
contradicciones del enemigo, algunos perfiles opositores pretendieron
aprovecharse del acelerado proceso de envejecimiento del correísmo -quien se
transformó de crítico de la partidocracia en el paradigma de la nueva
partidocracia del siglo XXI- para ubicar en el centro del tablero de juego a
figuras políticas como Mauricio Rodas o Paul Carrasco, conservador alcalde de
Quito el primero y socialdemócrata liberal prefecto del Azuay el segundo. Hasta
ahora ninguno de los dos demuestra tener la talla política necesaria para el
reto encomendado. Más que ganar Mauricio Rodas la Alcaldía de Quito fue Augusto
Barrera –ex alcalde del oficialismo- quien las perdió en 2014 tras una gestión
decepcionante como burgomaestre capitalino. Tras su primer año de gestión
municipal, Rodas no ha pasado de desarrollar una gestión errática y confusa en
el municipio, la cual además se ha visto inmersa en contiendas internas con sus
aliados políticos. En el caso de Paul Carrasco y más allá de sus ambiciones
personales, el personaje sigue sin conseguir penetrar en la ciudadanía
ecuatoriana existente más allá del Azuay, mostrándose apenas como una pieza
política funcional al reciclado conservadurismo socialcristiano.
Ante este sumatorio de incapacidades, los sectores conservadores
del país se han visto obligados a seguir apostando por la figura de Guillermo
Lasso como la alternativa de “cambio” frente al oficialismo. Sin duda Lasso,
segundo banquero más importante del país con un pasado vinculado a la vieja
partidocracia, no es el mejor candidato para confrontar con perspectivas de
victoria al régimen. Sin embargo su capacidad de generar recursos económicos
para una campaña electoral, sumado a los sistemáticos errores estratégicos que
se va acumulando el régimen consecuencia de políticas impopulares que se ha
visto obligado a desarrollar para financiar las arcas públicas, le han
convertido en un candidato con posibilidades de al menos alterar la lógica
política actualmente existente en el país. En ese contexto, en entendimiento a
medio plazo entre Lasso y Nebot –las dos principales facciones de la derecha-
será un hecho en función de que se vaya calentado el escenario político
electoral. Por su parte, dependerá del nivel de deterioro interno de la figura
del presidente Correa –lo cual se vincula a la coyuntura económica que el país
deba afrontar hasta abril del 2017- quien será la figura que el partido de
gobierno presente a las próximas elecciones presidenciales. Disponen de las
opciones de Lenin Moreno y Jorge Glas (ex vicepresidente y actual
vicepresidente de la República), con binomios duros como podría ser el de
Nathalie Cely, quien ya mostró su capacidad de adaptación política pasando de
cargo de confianza en el gobierno de Jamil Mahuad puestos similares en el de
Rafael Correa.
Una parte de la estrategia actual de la política instituida
desde el poder consiste en despolitizar a la ciudadanía. Esta estrategia es
apreciable a través de la generación del Decreto 16 y otras medidas similares,
las cuales buscan la desactivación de cualquier acción que pueda considerarse
como política por parte de instituciones no profesionalizadas de la política,
es decir, desde el tejido social. Al igual que la política de disciplina
carcelaria busca producir y gestionar la delincuencia, la política gubernamental
persigue despolitizar a la ciudadanía, dejándole tan solo dos opciones posibles
de gestión gubernamental: o la vuelta de los políticos vinculados al pasado
neoliberal o el mantenimiento del actual régimen a pesar del cada vez mayor
desencanto ciudadano. En resumen, la
estrategia se enfoca en generar impotencia social y encauzar el voto hacia
posiciones gobernistas, bloqueando cualquier posibilidad para la aparición de
opciones nuevas y realmente transformadoras que puedan promover cambios significativos
que cuestionen en esencial al capitalismo.
Si bien el correísmo se ofreció como una solución a la
crisis multifacética que vivía el Ecuador en 2006, defendiendo la autonomía de
lo político sobre el contexto social y reinstitucionalizando un régimen de
representación política muy deslegitimado al momento de su llegada, en la
actualidad demuestra su incapacidad para desvincularse de la viejas formas de
hacer política, permaneciendo atado a las categorías tradicionales de
generación de redes clientelares y sin capacidad para producir otro estilo de
gobierno o amenazar a la triste realidad existente. En Alianza PAIS nunca se
entendió que dar otro sentido a la realidad no significa cambiarla. Lo
alternativo quedó limitado a la políticas públicas enfocadas a implementar
tecno-ciencia y cierto control sobre el mercado interno, renunciándose así a un
auténtico cambio social.
El reposicionamiento electoral del CREO con Guillermo Lasso
a la cabeza, demuestra que la incapacidad del régimen de patear el tablero
político de forma estructural, volviéndose a generar años después una agudizada
deslegitimación social del sistema de representación de los partidos. Más del
50% de las y los ecuatorianos desaprueban la política emanada del Legislativo y
sus índices de credibilidad están por debajo del 25% (Fuente: Cedatos/marzo del
2015). No hay una sola figura en el Legislativo ecuatoriano que pueda
referenciarse como ejemplo de brillantez parlamentaria ni que tenga
posibilidades de proyección política a futuro. La mediocridad es generalizada y
compartida entre las distintas corrientes políticas que calientan estos
curules.
En este contexto, el conservadurismo ecuatoriano juega a la
misma estrategia que se ha considerado como viable para el derrocamiento del régimen
de Nicolás Maduro en Venezuela: la conformación de una alianza en formato
“abanico” en aras al restablecimiento de un “supuesto” régimen democrático y de
libertades en el Ecuador. Para ello se han desarrollado estrategias como
Compromiso Ecuador, que incorporando a amplios sectores sociales, busca
erosionar al régimen en su punto más débil: la pretensión de mantener al
presidente Correa en el sillón presidencial más allá de la manifiesta voluntad
popular a ser consultados. Es esta la condición que permite a Lasso encontrar
apoyos coyunturales en sectores “progresistas”, buscando situarse como una
opción política de transición para el re-establecimiento del tan discutible
“Estado de derecho”. En la práctica, lo que están haciendo los sectores de la derecha
ecuatoriana es buscar los mejores escenarios para el enfrentamiento con el
régimen correísta en las próximas elecciones generales, provocando las mayores
contradicciones posibles en el adversario y desplazando dichos escenarios a
lógicas distintas al 2006 y elecciones posteriores.
Y la izquierda…
Resulta evidente que el fenómeno correísta es el resultado
del fracaso de la izquierda ecuatoriana en desarrollar un diagnóstico real de
lo que ha sucedido en el país durante los últimos 15 años –pereza intelectual-.
Este drama se acentúa en la actualidad debido al hecho de que la gestión
correísta del poder ha laminado cualquier significado digno del término
izquierda para la próxima década.
Sin embargo, hacer política implica dotar de inteligencia a
circunstancias y contextos de los cuales no se ha sido protagonista. Esto
significa moverse en un territorio desfavorable y que como consecuencia de la
creciente polarización política que vive el país, hace que los actores
tendentes al cambio no necesariamente tengan la comprensión de cuales son las
claves de transformación del régimen político existente.
Mientras la mayoría de las organizaciones populares y
sociales existentes en el país continúan en una lógica de alianzas bajo
esquemas de “sopa de letras”, disputas internas y caracterizando al régimen
como neoliberal –reflexión que la ciudadanía no entiende dado que son evidentes
las diferencias existentes entre el régimen correísta y los gobiernos
anteriores-, condiciones que poco o nada le ayudan respecto a su
posicionamiento estratégico ante la sociedad, quienes canalizan la rabia digna
-especialmente en las grandes ciudades- son los sectores más conservadores. Las
élites continúan trabajando en base a intereses propios y en este escenario
político, con la complicidad de los medios de comunicación masivos –los cuales
les permiten seleccionar cuales son los problemas sociales de envergadura y
cuales no tienen presencia mediática-, mezclan discursos contra las políticas
gubernamentales desde posiciones críticas a Cuba o Venezuela con la defensa
utilitarista de la aportación del 40% del Estado al IESS o cuestionando la
criminalización a organizaciones sociales disidentes y líderes sociales bajo
vigilancia del régimen.
Desde que comenzara el reflujo económico y se incrementaran
el número de asistentes a las movilizaciones convocadas básicamente por el
Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), estas han ido perdiendo hegemonía sobre los
manifestantes. Es un hecho la presencia de sectores conservadores en la última
y exitosa movilización del Primero de Mayo no oficialista, auspiciados por
sectores de la clase media alta, líderes de opinión y la burguesía comercial de
las grandes urbes, bajo el grito de coincidencia multiclasista “Fuera Correa, fuera!!”.
El creciente ambiente de polarización social con carencia de
consciencia política que se visualiza en el Ecuador en ambos lados de la
barricada, viene a demostrar la necesidad de desarrollar un trabajo político
más allá del ámbito estrictamente ideológico. En la práctica, la mayoría de
población no entiende que el rasgo político fundamental del correísmo ha sido
el desarrollo de un proceso de tardo-modernización capitalista impulsada desde
la planificación estatal, y que en ese marco de contradicciones generadas se
mueve la contienda actual. Las contradicciones cada vez mayores entre discurso
y praxis oficialista (revolución, socialismo del siglo XXI, poder popular,
gobierno de los trabajadores entre otras, frente al aumento de los beneficios
empresariales de los grandes capitales -nacionales y transnacionales- y la
agudización de la explotación laboral en el país) no esta siendo el eje de
acumulación política de las organizaciones sociales con pretendido perfil
transformador.
El protagonismo político readquirido por las centrales
sindicales no supeditadas al régimen no está implicando una reconversión de
estas, manteniéndose las mismas viejas formas heredadas de la escuela
tradicional burocrática sindical en una lógica que a la postre significará su
desplazamiento de esa parte de la centralidad política que en la actualidad de
forma sorprendente ocupan. No se está desarrollando ni nuevas formas de
intervención sindical ni se están expandiendo los ámbitos de acción a nuevos
sectores que se han generado en los últimos años en el mercado laboral
ecuatoriano. Por su parte, la Conaie sigue viviendo un mar de contradicciones
internas que posiciona la crítica gubernamental de sus bases más en el ámbito
de la coyuntura económica –las comunidades se acostumbraron a negociar sus
apoyos al régimen en base a contraprestaciones monetarias, infraestructuras y
erráticas políticas agropecuarias que en la actualidad se encuentran en
retroceso debido a los recortes presupuestarios- que en la homogenización de
criterios sobre el modelo de sociedad y Estado plurinacional que caracterizó
sus reivindicaciones en el pasado. Los sectores anti-gubernamentales de perfil
progresistas ni siquiera cuentan hoy con organizaciones políticas con capacidad
de capitalizar electoralmente el descontento social, lo que implica carencias
en táctica y estrategia, así como dificulta la posibilidad de disputar en
términos hegemónicos el liderazgo post-correísta. Esta condición genera el
riesgo de convertirlos en funcionales a la rearticulación del proyecto político
de las élites conservadoras nacionales, algo que ya ha sucedido en reiteradas
ocasiones en el pasado reciente.
Lo significado anteriormente es grave, dado que demuestra el
anquilosamiento existente entre gran parte de las organizaciones de izquierda.
Se ignora reiterativamente el hecho de que el cambio de régimen no es de
carácter cuantitativo, sino cualitativo. Se trata de generar nuevas coordinadas
en el juego político, generando nuevos escenarios donde las condiciones dejen
de ser tan desfavorables; dentro de un contexto donde los consensos políticos,
sociales y económicos desarrollados en base a un fuerte crecimiento económico
comienzan a dejar de ser viables. Un indicador palpable de esta realidad es el
crecimiento de los conflictos sociales y laborales existentes en el país.
Ante la puesta en cuestión del pretendido horizonte
correísta basado en el concepto “gramsciano” de hegemonía ideológica y
construcción de instrumentos políticos organizados con incidencia protagónica
en la sociedad, el nuevo reto de la izquierda ecuatoriana es desarrollar a
través de ejercicios de inteligencia colectiva una nueva forma de intervención
que supere el exclusivo ámbito ideológico.
