El abuso de poder

“No existe evidencia de que se haya violado derecho constitucional alguno, por lo tanto, se desecha la demanda”; el recurrente, que siempre se trata de una persona que ha sido víctima de abuso de poder, se queda sin tutela judicial y, muchas veces, en la indefensión. Así culminan las acciones de protección constitucional puestas en manos de los jueces que apartándose del rigor de la imparcialidad y la independencia judicial, ponen, ante todo y en primer lugar, su interés personal por mantenerse en el cargo aún a costa de principios jurídicos, éticos, cívicos y morales. Claro, si el juez falla en contra de la Administración Central, será sometido a escarnio y juzgado administrativamente por error inexcusable, cuyo corolario es la suspensión en el ejercicio de la judicatura o simplemente, la destitución. Así está dispuesto desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia y desde el Ministerio de Justicia. Para la afirmación de esta payasada judicial se presta la Procuraduría General del Estado entidad encargada de representar al Estado en el contencioso jurídico.

Los abogados en ejercicio profesional, lo saben, lo sienten durante el patrocinio de la defensa, conocen que sus argumentos se chocan contra una infranqueable muralla: “se desecha la demanda, la motivación se notificará al casillero judicial”, expresión sacramental de los jueces al culminar la audiencia oral correspondiente a la sustanciación de la acción constitucional. Poca es la diferencia en el ámbito de lo contencioso administrativo; pero, si el caso se define a favor del administrado o justiciable, ya Correa se adelantó a reformar la ley para impedir que las cuentas del Estado puedan ser embargadas, de tal forma que quien ganó en sentencia una reclamación no tiene forma de ejecutar materialmente la sentencia dictada en su favor.

Una “gran casualidad” es el hecho de que en las evaluaciones a los jueces de la Corte Nacional, justamente, aquellos jueces que fallaron a favor de la dirigente gremial de la Unión Nacional de Educadores, UNE, hayan obtenido las “más bajas calificaciones” y sean obligados a dejar la magistratura, cuando la Constitución establece que la renovación se efectuará mediante sorteo. La venganza correísta se ejecutó por parte del Consejo de la Judicatura mediante las evaluaciones “científicas y técnicas”.

El Colegio de Abogados de Pichincha ha levantado su voz enérgica contra la parodia de juzgamientos, alertando y denunciando el sometimiento de la Función Judicial al Poder Central y el descalabro de la administración de justicia; los afectados se ven obligados a acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos puesto que en Ecuador se ha impuesto el temor reverencial entre los jueces encargados de administrar justicia. Muchos de los abogados colegiados, han sido objeto de sanciones de suspensión temporal en el ejercicio profesional por parte el Consejo de la Judicatura. Implantación del terror, la persecución, instauración del miedo. Un juez de la provincia del Azuay renunció espetando al Consejo de la Judicatura su grosera intromisión en asuntos jurisdiccionales.

Esta es la realidad objetiva. De la manera más desvergonzada el Poder Central manosea  la Función Judicial, dispone de la Fiscalía General del Estado como su instrumento de represión y, de los jueces, como sus eficientes verdugos.

¿Podemos dejar pasar por alto el caso del profesor de nacionalidad shuar Bosco Wisuma o el caso del dirigente indígena José Tendetza,  el caso de los estudiantes del Colegio Central Técnico o el caso de los estudiantes del colegio Montúfar o el caso de los estudiantes del colegio Mejía o el caso del Presidente de la Asociación de profesores el colegio Mejía o el caso de los 10 de Luluncoto o el caso de los tres de Cotopaxi o el caso del joven indígena antiminero Fredy Taish?

¡Y los juzgamientos en contra de los Policías acusados de magnicidio, de terrorismo, de secuestro al Presidente, todos, sancionados con pruebas endebles!

Esta es la justicia secuestrada, y continuará en ese estado, secuestrada y violada, mientras no levantemos nuestra voz organizada, mientras permitamos la inocentada de las enmiendas constitucionales, mientras dejemos de actuar bajo el cálculo ingenuo de que “a mí todavía no me han tocado, ah, pero van a ver cuando me toquen”.

Es imperioso que cerremos filas, ahora, junto al Colegio de Abogados de Pichincha, junto a las Centrales Sindicales clasistas, junto al Frente Popular y la CONAIE,  para construir el Frente único del Pueblo que, recogiendo las mejores tradiciones de organización y lucha, enfrente al Gobierno de Correa constituido en caudillo populista de la burguesía y, hagamos del movimiento popular, una alternativa real de poder político.