Redacción Rupturas
La ley penal goza del principio de reserva de ley, que no es otra cosa que la potestad exclusiva de la que goza el poder legislativo para crear, modificar o derogar leyes; en suma, la definición de las conductas relevantes para el derecho penal, corresponde determinarlas solamente al legislador integrado en la función legislativa del Estado. De este escenario político deviene la creación de los tipos penales o su anulación, así como la determinación de las penas para cada uno de esos tipos penales. La creación de la ley penal queda sometida al ejercicio del poder público y este, subordinado a la correlación de las fuerzas políticas que actúan por delegación del pueblo soberano, que es el ente social que retiene para sí la soberanía pero que no la ejerce directamente, sino a través de la delegación que otorga a los representantes de elección popular mediante las elecciones, que la burguesía denomina “fiesta de la democracia”. Ciertamente es una “fiesta”, ya que en esos procesos electorales controlados por el poder central es donde se festinan los intereses del pueblo y la nación.
La ley penal es, entonces, el termómetro de la democracia. Mientras más se amplían las conductas declaradas de relevancia penal, disminuye la diáspora democrática; si a las penas no se las considera como retribución por las conductas lesivas sino de prevención general, es decir, concebidas para que sirvan de escarnio social, disminuye el concepto democrático de la vida social; si la ley penal hace un acumulado de penas, introduce el concepto de punición represiva y autoritaria del Estado, agravando la situación de los infractores en el contexto de la vida social. Si la ley penal se hace de la vista gorda frente a determinadas conductas individuales que lesionan el interés público, como es el caso del peculado y, por el contrario, pone mucho ojo en las conductas colectivas que son contestatarias al régimen, estamos frente a claras posiciones fascistas, retardatarias y francamente reaccionarias que buscan eliminar la protesta popular. ¡Así de sencillo!
Miremos desde la década de los sesentas: la instalación de una dictadura militar oprobiosa, de corte anticomunista, durante la cual todo pensamiento progresista era considerado crimen contra el Estado; la dictadura velasquista de los setentas persiguió a sangre y fuego la lucha popular y asesinó a los dirigentes sindicales y populares; la dictadura que siguió al velasquismo instaló tribunales especiales y persiguió la acción popular progresista. Luego se abrió el denominado “reencuentro democrático” inaugurado por Jaime Roldós Aguilera, época de florecimiento de la socialdemocracia, que permitió una apertura democrática habilitada para la acción popular, con el intervalo de la negra noche del febrescordersimo, caracterizada por desapariciones forzosas, crímenes contra dirigentes populares, encarcelamientos y persecución policial.
Frente a esa brutal represión de las dictaduras militares pro imperialistas vinculadas al plan Cóndor, como respuesta a la falacia socialdemócrata y al febrescordersimo antisindical y antipopular, el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, los artesanos, las amas de casa, los maestros, el movimiento campesino e indígena, la juventud rebelde, los hombres y mujeres patriotas, llegamos a Montecristi para instalar una Asamblea Constituyente, que nos permitió la redacción de una Carta Magna democrática, inclusiva, que recogió la diversidad cultural y la necesaria unidad nacional para construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, una sociedad que respete en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y de las colectividades, un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo. En este marco, el pueblo ecuatoriano entregó un mandato a Rafael Correa para que enarbole nuestras banderas de liberación social y nacional.
¿Qué tenemos hoy? Un acuerdo político de Correa con los empresarios que se expresa en el Código Monetario, en el Código del Trabajo, Código de la Producción, Ley de Aguas, COOTAD, Ley de Hidrocarburos, limitación a la contratación colectiva, Ley de Seguridad Social; tenemos un Tratado de Libre Comercio TLC con Europa; el reingreso al sistema financiero mundial regido por el FMI y el Banco Mundial; desaparición de partidos políticos, eliminación de organizaciones sociales con el Decreto 016; penetración en el Bosque Protegido Yasuní y desarrollo de la política extractivista a través de la minería en gran escala y a cielo abierto…
Tales logros del caudillo y de la “revolución ciudadana” deben ser protegidos a través de un sistema efectivo de control social, para lo cual creó el Código Orgánico Integral Penal COIP, que incorpora a la función judicial en la criminalización de la lucha del pueblo por su Patria, por su vida, por el derecho a afirmar sus logros y conquistas, por el derecho a construir un gobierno popular, democrático, que siente las bases materiales, técnicas y culturales de la sociedad socialista. El derecho constitucional del pueblo a la resistencia ha sido abolido por el régimen y, en su lugar, ha penalizado las conductas individuales y colectivas que se oponen a las políticas públicas del arrogante caudillo neofascista.
Se han creado en el COIP los tipos abiertos, esto es, aquellas leyes penales que contienen varios y amplísimos preceptos, con un sinnúmero de verbos rectores que se agrupan bajo conceptos de rebelión con pena de cinco a siete años de prisión; sedición, con pena de uno a tres años; paralización de un servicio público, con pena de uno a tres años; sabotaje, con pena de cinco a siete años; incitación a discordia entre ciudadanos, con pena de uno a tres años; terrorismo, con pena de diez a trece años. Las conductas que se prevén en estas normas abarcan un amplísimo abanico hipotético, bajo el cual la fiscalía acusa y el juez sanciona pues, de facto, Correa eliminó la independencia de la función judicial que hoy está subordinada al Consejo de la Judicatura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y al propio presidente Correa.
Las “enmiendas” a la Constitución y la reelección buscan desmantelar la Constitución de Montecristi, anular derechos y garantías y consolidar un sistema neofascista que aplaste toda forma de reacción popular.
